Panamá: La Iglesia aceptó ser mediadora en la mesa de diálogo convocada por el gobierno

La arquidiócesis de Panamá pidió que el diálogo no sea una discusión ni un debate de ideas, sino vehículo para la búsqueda del bien común en un país necesitado de convivencia pacífica.

"Ante el llamado que nos hace el Ejecutivo de servir como puente para encontrar una salida –incluyente y participativa– a la situación que vive el país, comunicamos a la ciudadanía que la Iglesia Católica acepta la invitación para ser mediadores en la construcción de consensos necesarios para la convivencia pacífica", señala el comunicado de la arquidiócesis de Panamá, el que exhorta “a todos los convocados a este diálogo a dar una oportunidad de tomar las decisiones adecuadas en pro del bien común”. 

En el comunicado, firmado por el arzobispo de Panamá, monseñor José Domingo Ulloa, se manifiesta que “el pueblo merece honestidad, coherencia y respeto por parte de todos, sin posiciones rígidas ni precondiciones que impidan dialogar".

Precisamente ayer, miércoles 13 de julio, el gobierno panameño convocó a un espacio de diálogo con todos los sectores que desde la semana pasada protestan con marchas y bloqueos debido al alto costo de la vida y a lo que consideran el derroche en la administración pública.

"Exhortamos a todos los convocados a este diálogo a darnos una oportunidad de tomar las decisiones adecuadas en pro del bien común. 

Además, el arzobispo asegura que se contará con la ayuda de los expertos en mediación que tiene la Iglesia en la Pastoral Social Cáritas y la Universidad Católica Santa María la Antigua. “Encomendamos a Santa María la Antigua, la buena Madre y patrona de Panamá, este diálogo para que no sea una discusión ni un debate de ideas, sino vehículo para la búsqueda del bien común”, dice.

Huelga docente indefinida
Desde la semana pasada se registra en Panamá una huelga docente indefinida, acompañada de protestas callejeras y bloqueos de carreteras, que han ido creciendo con el paso de los días, pidiendo una bajada en los precios de los combustibles y de los alimentos, el aumento del presupuesto para la educación y un alza general de salarios, entre otros.

Las protestas comenzaron la semana pasada impulsadas por la Alianza Pueblo Unido por la Vida y la Alianza Nacional por los Derechos del Pueblo Organizado (Anadepo), que agrupan a decenas de gremios y organizaciones populares de todo el país, y han ido creciendo con el paso de los días. El Gobierno intentó el jueves y el lunes pasados avanzar en un diálogo con la Anadepo, pero fracasó.

El presidente Cortizo anunció el lunes la extensión a toda la población de la congelación del precio del combustible, primeramente aprobado solo para algunos sectores, así como de 10 alimentos básicos, pero esa medida no apaciguó las protestas.

Y el martes anunció también medidas de "austeridad", como una reducción del 10% en la planilla estatal —unas 20.000 personas— y la suspensión de los aumentos salariales, medida esta última de la que también informó el Parlamento, que prometió además parar nuevas contrataciones, así como una reducción del 50% en el gasto del combustible, entre otros.

El tema del costo del combustible y de los alimentos fue el "disparador de la protesta, pero el problema de fondo es que el pueblo se siente burlado" por un Gobierno que promovió "durante la pandemia un endeudamiento multimillonario para mantener un aparato político-clientelista e inflar planilla", dijo este miércoles el político opositor, Ricardo Lombana.

El bloqueo de carreteras está afectando el abastecimiento de alimentos en la capital, personas atascadas en el transporte público se han visto obligadas a caminar en la autopista para intentar llegar a su destino, y hay denuncias de complicaciones de enfermos para llegar a los centros de salud.+