Nuevas medidas en Nicaragua contra la Iglesia Católica
- 22 de agosto, 2024
- Managua (Nicaragua) (AICA)
La última decisión del gobierno de Daniel Ortega fue aplicar el régimen tributario de la economía privada también a las instituciones religiosas.
El régimen de Daniel Ortega en Nicaragua amplía el control público sobre todas las actividades en el país, especialmente la vinculadas a la religión. Después de las detenciones de obispos y sacerdotes, las expulsiones de clérigos y monjas, la cancelación de 1.500 ONG -muchas de ellas católicas- y la absorción de sus activos, ahora se ha lanzado la imposición de impuestos sobre los ingresos que, normalmente, permiten a las parroquias, escuelas y otras instituciones vinculadas a la Iglesia llevar a cabo importantes iniciativas en el ámbito educativo, humanitario y religioso, y que son producto de las donaciones de los fieles.
Cambios radicales para la Iglesia
De hecho, fue derogado un artículo de ley que garantizaba protección fiscal a las instituciones religiosas, gracias a la limitación del pago del impuesto sobre la renta y las actividades económicas. Ahora, sin embargo, todas las iglesias, de cualquier denominación, estarán sujetas a un régimen fiscal similar al del sector económico privado, que hace del beneficio legítimo el objetivo de su actividad.
Ofrendas, limosnas y las donaciones de los fieles estarán, por tanto, sujetas al pago del impuesto sobre la renta, que oscila entre el 10 y el 30 por ciento. Se estima que la eliminación de exenciones tributarias podría tener un grave impacto en la capacidad de financiar iniciativas y obligaría a la transformación de las estructuras administrativas con la asunción de nuevas obligaciones institucionales, como, por ejemplo, la implementación de oficinas de control administradas por contadores públicos autorizados.
La preocupación de la ONU
En Nicaragua se está ejerciendo un control público absoluto sobre todas las actividades asociativas, económicas o de otro tipo, bajo la atenta mirada de la comunidad internacional.
En particular, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó al respecto su "profunda preocupación" por el reciente cierre de más de 1.500 ONG, entre ellas "al menos 700 religiosas", según lo informó un comunicado del organismo de la ONU, que afirma que la iniciativa del gobierno, de hecho, "ataca la libertad de religión y la libertad de asociación".
"En particular, pedimos que las libertades fundamentales de la persona sean garantizadas y protegidas", se expresó en el mensaje.+
