Nicaragua: Superior de los jesuitas rechaza por 'falsas' las acusaciones contra la universidad

El padre Arturo Sosa repudió la incautación y confiscación de bienes de la Universidad Centroamericana, y pidió a las autoridades nicaragüenses revocar la medida y cesar la agresión contra el ateneo.

El Superior General de la Compañía de Jesús, padre Arturo Sosa SJ, envió una carta al provincial jesuita de Centroamérica, en la que repudia la incautación y confiscación de los bienes de la Universidad Centroamericana (UCA) decidida por las autoridades nicaragüenses, y le pidió al régimen de Daniel Ortega que revoque la medida y cese la agresión contra la casa de altos estudios fundada en 1960 por la congregación.

El religioso criticó la decisión gubernamental calificándola como una "agresión" dolorosa por su violencia inmotivada, único resultado de un "complot" orquestado por el "régimen gubernamental" nicaragüense para "asfixiar" y apropiarse de las estructuras de la sociedad civil, violando los derechos y libertades civiles.

El jueves 17 de agosto, el Décimo Tribunal Penal de Managua emitió la orden acusando a la UCA de ser "un centro de terrorismo, que organiza grupos criminales".

Para el padre Sosa, se trata de acusaciones “totalmente falsas, y sin fundamento alguno” que, escribe en la carta enviada al provincial de los jesuitas de Centroamérica, se suman a la campaña que el régimen nicaragüense viene desarrollando desde hace tiempo “contra otras muchas obras de la Iglesia católica y miles de instituciones de la sociedad civil, con el fin de asfixiarlas, cerrarlas o apropiárselas”. Tales calumnias, señala, "han ultrajado también los derechos de tantas personas, su reputación, su vida y sus bienes".

Ataques contra la UCA desde 2018
La Provincia Centroamericana de la Compañía de Jesús negó en un comunicado -por falta de fundamento- las acusaciones, al calificarlas como hijas de una política gubernamental "que parece encaminada a consolidar un Estado totalitario", y denunció la medida contra la UCA como una más de "una serie de ataques injustificados" que están "generando un clima de violencia e inseguridad" y "agudizando la crisis sociopolítica del país".

En concreto, la nota señala que la persecución contra la UCA se remonta a 2018, cuando el ateneo se posicionó “en defensa de la vida de las personas que estaban siendo reprimidas por fuerzas estatales y parapoliciales”.

Que cese la agresión gubernamental
El padre Sosa se puso al lado de las autoridades de la casa de altos estudios, al afirmar: “Me uno al reclamo para que se revierta y corrija esta medida judicial contra la UCA, para que cese la agresión gubernamental contra ella y contra sus integrantes, para que se abran caminos de diálogo en base a la verdad, la libertad y el derecho a la calidad de la educación de la juventud y de todo el pueblo de Nicaragua”.

Asimismo, recordó que la universidad jesuita imparte enseñanzas desde hace sesenta años con un nivel de prestigio reconocido por "premios nacionales e internacionales".

Citando las palabras de la 36ª Congregación General de la Compañía de Jesús, dedicada –recuerda el superior general– a los que trabajan en situaciones de frontera y persecución para defender la verdad, el padre Sosa concluye: “Aun en momentos en que afrontamos grandes desafíos y aparentes derrotas, seguimos soñando con ayudar a recrear un mundo diferente, porque hemos conocido a Aquel que tiene el poder para realizar todas las cosas incomparablemente mejor de lo que podemos pedir o pensar”.

ONU: preocupación por las tensiones Gobierno-Iglesia
La ONU también intervino en la situación de Nicaragua. La Oficina del portavoz del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, emitió ayer un comunicado en el que expresa su "preocupación" por la situación general y, en particular, por "las crecientes tensiones entre el gobierno nicaragüense y la Iglesia católica, incluido el reciente cierre de la Universidad Centroamericana".

Un Estado "que cierra una universidad u otra institución educativa por razones como la seguridad nacional o la preservación del orden público tiene la carga -afirma la nota de la ONU- de justificar una medida tan grave con relación a cada uno de los elementos identificados en el artículo 4 del Pacto".+