El gobierno de Nicaragua clausuró en una sola medida 1.500 ONG
- 20 de agosto, 2024
- Managua (Nicaragua) (AICA)
En la comunicación oficial se declara que los bienes de esas ONG, en su mayoría religiosas, serán transferidos al Estado. Ya son 5.200 las organizaciones no gubernamentales clausuradas desde 2018.
El gobierno de Nicaragua revocó el estatus legal de 1.500 organizaciones no gubernamentales (ONG) que operan en el país, transfiriendo sus activos al Estado.
La decisión, aprobada por la ministra de Gobernación, María Amelia Coronel, y publicada en La Gaceta, el diario oficial de Nicaragua, supuestamente se debe al incumplimiento de ciertas obligaciones por parte de esas ONG.
Estas obligaciones incluyen la presentación de sus estados financieros por períodos que van desde uno hasta 35 años, con un desglose detallado de ingresos y gastos, registros de pagos, detalles de donaciones y la conformación de sus juntas directivas.
Según algunos sitios independientes, como 100% Noticias y La Prensa, que reportan que las ONG no recibieron ningún aviso previo, el gobierno acusó a las organizaciones clausuradas de obstruir la supervisión del Ministerio del Interior.
Bajo el nuevo acuerdo, la Procuraduría General de la República será ahora la responsable de transferir los bienes muebles e inmuebles a nombre del Estado de Nicaragua.
Las ONG, obligadas a colaborar con el Estado
La clausura masiva, según destacaron fuentes periodísticas, se produce tras el anuncio de la vicepresidenta Rosario Murillo de "un nuevo modelo de alianzas entre ONG y Gobierno", en el que ahora las organizaciones estarán "obligadas a presentar programas o proyectos y colaborar con instituciones del Estado" para sacar adelante sus iniciativas, y también se eliminaron las exenciones.
La mayoría de las ONG clausuradas están afiliadas a comunidades evangélicas. Entre las organizaciones clausuradas, se encuentran también algunas organizaciones católicas, como la Cáritas diocesana de Granada. En la lista también figuran entidades benéficas, asociaciones deportivas y grupos indígenas.
Esta acción sin precedentes -que marca que 1.500 organizaciones fueron ilegalizadas en una sola medida- es una continuación de las acciones del régimen, que ha disuelto más de 5.200 ONG desde 2018, cuando se iniciaron las protestas populares contra el gobierno.+