El Calir cuestiona por "incomprensibles" restricciones a la libertad religiosa

El Consejo Argentino para la Libertad Religiosa pidió a las autoridades evitar prohibiciones "innecesarias e inconsultas", y que exceden sus atribuciones, en el marco de las prevenciones sanitarias.

El Consejo Argentino para la Libertad Religiosa (Calir) cuestionó la irrupción policial durante una misa católica al aire libre, a fin de solicitar el cese de la celebración por considerar que se estaban infringiendo las restricciones sanitarias dispuestas por el gobierno provincial ante la nueva ola de contagios de coronavirus.

“Es incomprensible que medidas de restricción de derechos fundamentales se sigan tomando de manera inconsulta, sorpresiva y por decreto, cuando existe un Congreso en funciones que debería discutir y acordar las medidas estrictamente necesarias para el cuidado de la salud pública sin lastimar innecesariamente otros derechos”, planteó en una declaración.

“Menos aún se entiende que las restricciones a la libertad religiosa sean a veces dispuestas por autoridades provinciales de segundo o tercer nivel, o incluso municipales, exhibiendo además un notable desconocimiento de la materia religiosa, de la diversidad existente y de las profundas necesidades espirituales de las personas”, advirtió.

El Calir consideró que “a esta altura carecen de todo sentido y proporcionalidad las prohibiciones genéricas que no tienen en cuenta las diferencias edilicias, la posibilidad de realizar celebraciones religiosas en espacios abiertos con adecuada distancia entre los participantes, y la existencia de normas dadas por las propias autoridades religiosas para prevenir riesgos a los fieles”.

“Es injustificable que se desconfíe de la prudencia y el interés de las comunidades en cuidar a sus propios miembros. Todo esto se agrava por la confusión que provocan anuncios que no se concretan en normas claras, en un contexto de lamentable manipulación político-partidaria de la pandemia”, agregó.

“Exhortamos al Congreso de la Nación a asumir su responsabilidad indelegable de garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos, comenzando por la libertad religiosa; a las autoridades de todos los niveles a evitar prohibiciones o restricciones innecesarias e inconsultas y que exceden sus propias atribuciones; y a los ciudadanos y a las confesiones religiosas a defender con prudencia pero con firmeza sus propios derechos y los de aquellos que no tienen los medios para hacerlo pero sufren los excesos que denunciamos”, concluyó.

Firman la declaración el presidente del Calir, Juan Navarro Floria, y su secretario, Adrián Maldonado.

Texto de la declaración
La opinión pública ha visto con perplejidad y alarma las imágenes de una irrupción policial en una misa católica que se celebraba al aire libre y con reducido número de concurrentes, en la provincia de Buenos Aires, invocando la prohibición gubernamental para actos de culto. Hechos similares han ocurrido en otros lugares durante los meses pasados.

Al comienzo de la pandemia del Covid-19 la Corte y la Comisión Interamericanas de Derechos Humanos recordaron a los gobiernos que las legítimas medidas sanitarias para proteger la salud pública nunca podían implicar la suspensión de los derechos fundamentales, entre ellos la libertad religiosa. Y que las medidas restrictivas de derechos debían ajustarse a parámetros muy estrictos, tales como ajustarse a los principios de estricta proporcionalidad, temporalidad, legalidad (ser impuestas por ley formal) y no discriminación. Constatamos con tristeza que esos límites han sido y siguen siendo transgredidos en la Argentina.

Es incomprensible que medidas de restricción de derechos fundamentales se sigan tomando de manera inconsulta, sorpresiva y por decreto, cuando existe un Congreso en funciones que debería discutir y acordar las medidas estrictamente  necesarias para el cuidado de la salud pública sin lastimar innecesariamente otros derechos. Menos aún se entiende que las restricciones a la libertad religiosa sean a veces dispuestas por autoridades provinciales de segundo o tercer nivel, o incluso municipales, exhibiendo además un notable desconocimiento de la materia religiosa, de la diversidad existente y de las profundas necesidades espirituales de las personas.

A esta altura carecen de todo sentido y proporcionalidad las prohibiciones genéricas que no tienen en cuenta las diferencias edilicias, la posibilidad de realizar celebraciones religiosas en espacios abiertos con adecuada distancia entre los participantes, y la existencia de normas dadas por las propias autoridades religiosas para prevenir riesgos a los fieles. Es injustificable que se desconfíe de la prudencia  y el interés de las comunidades en cuidar a sus propios miembros. Todo esto se agrava por la confusión que provocan anuncios que no se concretan en normas claras, en un contexto de lamentable manipulación político-partidaria de la pandemia.

Exhortamos al Congreso de la Nación a asumir su responsabilidad indelegable de garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos, comenzando por la libertad religiosa; a las autoridades de todos los niveles a evitar prohibiciones o restricciones innecesarias e inconsultas y que exceden sus propias atribuciones; y a los ciudadanos y a las confesiones religiosas a defender con prudencia pero con firmeza sus propios derechos y los de aquellos que no tienen los medios para hacerlo pero sufren los excesos que denunciamos.

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