El régimen de Daniel Ortega cerró 2 filiales de Cáritas y 2 universidades católicas

En una nueva muestra de su persecución contra la Iglesia, el gobierno privó de personería jurídica a esas instituciones por supuestos incumplimientos de las leyes.

El Gobierno nicaragüense, a través del Ministerio de Gobernación, aprobó este martes la cancelación de la personería jurídica de la Universidad Juan Pablo II, con sede en Managua y otras cuatro ciudades, y a la Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua (UCAN), con sede en León y otras cinco urbes. Asimismo, canceló más tarde la personería jurídica de Cáritas Nicaragua y Cáritas Jinotega.

Ambas universidades "han obstaculizado el control y vigilancia de la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro" del Ministerio, según se indicó en la resolución.

Los estudiantes de ambas instituciones serán integrados en otras universidades y los bienes de ellas serán traspasados al Estado, según el reglamento de la Ley 1115 sobre organismos sin fines de lucro.

Las autoridades de las dos universidades tendrán que entregar al Consejo Nacional de Universidades (CNU) toda la "información de estudiantes, docentes, carreras, planes de estudio, bases de datos de matrícula y calificaciones".

Cierre de Cáritas Nicaragua
La cancelación de la personería jurídica de Cáritas de Nicaragua fue acordada por "disolución voluntaria de miembros" y aprobada por la ministra de Gobernación, María Amelia Coronel Kinloch, según el acuerdo ministerial publicado en el diario oficial, La Gaceta.

Cáritas de Nicaragua tenía su estatus legal desde el 30 de noviembre de 1994 y era presidida desde el 15 de diciembre de 2021 por monseñor Sócrates René Sándigo Jirón, obispo de la diócesis de León y Chinandega, en el noroeste del país.

Según el ministerio mencionado, Cáritas de Nicaragua solicitó la cancelación de su personería jurídica "por disolución voluntaria y liquidación de dicho organismo", acordada de forma unánime por sus miembros, en una sesión extraordinaria celebrada el 31 de enero pasado.

En realidad, esa solicitud fue hecha en el marco de una masiva ilegalización de ONGs nicaragüenses y extranjeras por parte del Gobierno que preside Daniel Ortega. También, en el contexto de los roces entre el ejecutivo sandinista y la Iglesia católica nicaragüense, que incluye el arresto del obispo Rolando Álvarez, quien fue condenado a 26 años y 4 meses de prisión por delitos considerados de "traición a la patria", tras negarse a ser desterrado.

Asimismo, el Ministerio de Gobernación aprobó la cancelación, también por disolución voluntaria, de la personería jurídica de la Asociación Cáritas Diocesana de Jinotega (Cáritas Jinotega), inscrita desde el 22 de septiembre de 2006, según informó la agencia EFE.

Esa cartera explicó que Cáritas Jinotega, que dirigía el obispo de esa diócesis y presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, monseñor Carlos Enrique Herrera, acordó la cancelación de su personería jurídica "por disolución voluntaria y liquidación de dicho organismo por decisión unánime por sus miembros", en una sesión extraordinaria celebrada el 23 de diciembre pasado.

Cáritas de Nicaragua, había denunciado el bloqueo aduanero que el Gobierno de Ortega había impuesto a la pastoral desde 2019, impidiendo la recepción de donaciones del exterior. En 2015, la Cáritas nicaraguense ganó el Premio Internacional de Mujeres Cultivadoras del Desarrollo, por su acción social caritativa y promoción del desarrollo, dotado de 10 millones de euros (10,6 millones de dólares).

El pasado 21 de febrero, el presidente Ortega calificó de "mafia" a la Iglesia católica y la acusó de ser antidemocrática, por no permitir que los católicos elijan por voto directo al Papa, a los cardenales, a los obispos y a los sacerdotes. Ortega ha llamado "terroristas" a los obispos nicaragüenses que actuaron como mediadores de un diálogo nacional, con el que se buscaba una salida pacífica a la crisis que vive el país desde 2018.

El líder sandinista también los ha calificado de "golpistas" y los acusó de ser cómplices de fuerzas internas y de grupos internacionales que, a su juicio, actúan en Nicaragua para derrocarlo. La Policía Nacional, cuyo jefe supremo es Ortega, prohibió a la Iglesia católica nicaragüense celebrar las procesiones del Via Crucis durante la Cuaresma y la Semana Santa de este año.+