La OEA condenó la persecución y los ataques del régimen de Nicaragua contra la Iglesia

Sus miembros aprobaron por unanimidad el texto que rechaza las medidas represivas del régimen. Nicaragua dejará de formar parte oficialmente de la organización en noviembre, por petición de Ortega.

La Organización de los Estados Americanos (OEA) condenó, este 11 de octubre, "las medidas represivas que ha adoptado" el gobierno del mandatario Daniel Ortega en Nicaragua contra "las instituciones educativas y la Iglesia católica".

En una resolución adoptada por consenso, la OEA reclamó además "la restitución de los derechos fundamentales" en el país "y la protección de la educación, como un pilar fundamental para el desarrollo y el progreso de la sociedad".

Nicaragua está sumida en una grave crisis desde las protestas antigubernamentales de 2018, que se saldaron con unos 300 muertos. La situación empeoró después de las elecciones de 2021, en las que Ortega fue reelecto, cuando comenzó a encarcelar a sus rivales o a enviarlos al exilio.

Las peticiones de la OEA caerán probablemente en saco roto, porque Nicaragua dejará de formar parte oficialmente de la organización en noviembre, por expreso deseo del mismo Ortega, quien decidió abandonarla en protesta por la negativa del organismo a reconocer las elecciones de 2021.

Desde 2018, la lista de las organizaciones no gubernamentales cerradas por el gobierno de Managua se ha vuelto muy larga. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un órgano de la OEA, "cuenta con un registro de 3.390 organizaciones de la sociedad civil cuyas personerías jurídicas fueron canceladas" tras las protestas de 2018, según afirmó este miércoles Jorge Meza Flores, un directivo de la CIDH, antes de la votación del texto arriba citado.

Entre ellas, figuran más de una veintena de universidades, en particular la jesuita Universidad Centroamericana, acusada por Managua de ser un "centro de terrorismo", y el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas.

El gobierno de Ortega mantiene una relación muy conflictiva con la Iglesia. Varios religiosos fueron conminados a abandonar el país o acusados en los tribunales, como el obispo de Matagalpa y administrador apostólico de Estelí, monseñor Rolando Álvarez.

Estado policial
Según la CIDH, monseñor Álvarez es uno de los más de 10 sacerdotes, hasta la fecha, "privados arbitrariamente de la libertad", y se encuentra "incomunicado y con afectaciones a su salud".

A la Comisión también le preocupa la situación de las comunidades indígenas, en particular la proscripción del partido indígena Yatama por parte del gobierno y la detención de dos de sus miembros, un tema que no figura en la resolución de la OEA porque el texto se negoció antes del anuncio de dichas detenciones.

"Dada la gravedad de la situación", la CIDH ha decidido elaborar un informe especial sobre el país centroamericano, que será presentado el 9 de noviembre.

Por de pronto, se llama a los países de América latina y el Caribe "a facilitar el acceso a programas y servicios educativos" a los nicaragüenses, dado que hay más de 37.000 estudiantes y miles de académicos afectados.

Se les pide asimismo que "exijan al Estado el cese de la represión" en el país, donde "el quebrantamiento del sistema democrático" se lleva a cabo mediante "la imposición de un estado policial".

No es la primera vez que la OEA adopta una resolución para pedir a Managua que "respete y garantice los derechos humanos". Lo hizo en otras ocasiones, pero hasta el momento Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, han hecho oídos sordos.+