En Guatemala, los obispos renuevan autoridades y denuncian situación de los migrantes

Mons. Rodolfo Valenzuela, obispo de La Verapaz, reemplaza al arzobispo Gonzalo de Villa, quien estuvo al frente del episcopado guatemalteco durante los últimos seis años.

El obispo de La Verapaz, Rodolfo Valenzuela Núñez, es el nuevo presidente de la Conferencia Episcopal de Guatemala (CEG). El prelado, de 68 años, fue elegido en el marco de la asamblea plenaria anual celebrada en el país centroamericano, del 23 al 27 de enero. Reemplaza en el cargo al arzobispo de Santiago de Guatemala, el jesuita Gonzalo de Villa y Vásques, quien prestó ese servicio durante los dos últimos trienios.

Monseñor Valenzuela era, hasta el momento de esa asamblea, vicepresidente de la CEG. Nacido en Quetzaltenango el 26 de junio de 1954, es sacerdote desde junio de 1980 y obispo desde febrero de 1997. Fue el papa san Juan Pablo II quien lo llamó al ministerio episcopal como coadjutor de la diócesis de Verapaz, siendo consagrado el 19 de abril de ese mismo año. Se hizo cargo de la diócesis el 22 de febrero de 2001, tras serle aceptada la renuncia a su antecesor, el obispo Gerardo Flores. 

Junto al obispo Valenzuela, integran la nueva cúpula los prelados Bernabé de Jesús Sagastume (obispo de San Marcos), como vicepresidente; Antonio Calderón (obispo de Jutiapa), como secretario general; y Domingo Buezo (obispo de Sololá-Chimaltenango), como tesorero. Juan Manuel Cuá (auxiliar de Los Altos) y Víctor Hugo Palma (titular de Escuintla) fueron nombrados, a su vez, delegado para el Sínodo Universal y delegado suplente, respectivamente.

Atención a los migrantes
En el mensaje conclusivo del encuentro, los obispos denunciaron el daño a la atención pastoral de los migrantes que están causando las disposiciones gubernamentales, las cuales exigen el registro de los albergues abiertos por la Iglesia. 

“Ese servicio -indicaron en un comunicado final- está puesto seriamente en riesgo, debido a las exigencias establecidas por el Estado. Expresamos aquí nuestra inconformidad en cuanto a la exigido, ya que consideramos que nuestras 'casas del migrante' deben mantenerse como un servicio de caridad respetuoso y gratuito; la aplicación estricta de la normativa lo impediría y nos obligaría a clausurarlas”.

Los obispos denuncian, asimismo, un cada vez más evidente “deterioro de la democracia y de la aplicación de la justicia debidos a la corrupción. El inicio del proceso electoral, en este contexto, se torna complejo y provoca escepticismo y desconfianza en el país”, aunque, según se señala, “es posible promover, aun en esas circunstancias, un proceso honesto y transparente, buscando siempre el bien común".+