El obispado de Quilmes adhirió al reclamo por el cierre de un hogar

El obispado de Quilmes adhirió a un comunicado emitido por la Red Sur de Organizaciones Sociales y Comunitarias ante el cierre del Hogar para adolescentes mujeres en Berazategui.

Ante el cierre del Hogar para adolescentes mujeres “Madre Teresa de Calcuta”, de la asociación civil “Una mano que ayuda”, la Red Sur de Organizaciones Sociales y Comunitarias emitió un comunicado con la adhesión del Obispado de Quilmes, Cáritas Quilmes y Fundación Padre Obispo Jorge Novak, entre otros.

“Los abajo firmantes, miembros de la Red Sur de organizaciones sociales y comunitarias de los distritos de Quilmes, Berazategui y Florencio Varela expresamos nuestro profundo pesar y malestar ante el anuncio del cierre del Hogar para adolescentes mujeres ‘Madre Teresa de Calcuta’ de la asociación civil Una mano que ayuda”, expresa el comunicado.

“Reconocemos el valioso aporte al cuidado y protección de los derechos de adolescentes mujeres a lo largo de 25 años por parte de la Hermana Caterina Renza Bono, quien cuenta con nuestra estima y valoración. En ella vemos el esfuerzo de numerosas líderes sociales que luchan por restaurar los derechos de niños, niñas y adolescentes, aun sin el apoyo suficiente de las diversas administraciones del Estado”.

“El cierre está motivado por la insuficiencia del financiamiento que lleva al ahogo financiero a entidades del sector social, a pesar de los esfuerzos, la entrega y servicio de sus referentes. Y por la creciente percepción de que los Hogares no son un servicio valorado tanto por el Organismo de Niñez como otras instancias”.

“Lamentamos que el Sistema de promoción y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, después de 15 años, no se encuentre plenamente vigente. Con desarticulación entre los actores institucionales, falta de financiamiento, ausencia e inexistencia de instancias y, lo más lamentable, el abandono de numerosas situaciones de niños, niñas y adolescentes”.

“Las organizaciones comunitarias de infancia, y los Hogares en particular, somos dispositivos que respondemos a las aumerosas deudas sociales que pesan sobre la situación de niños, niñas y adolescentes que necesitan de un abordaje comunitario ante la pobreza e indigencia, la fragmentación de las familias, las patologías sociales en los ámbitos familiares y cuando no, la agresión directa por abuso sexual y maltrato en los propios ámbitos familiares”.

“Estas situaciones lamentablemente carecen de respuestas directas por parte del gobierno y sus instancias. Ya que la sola transferencia de dinero a las familias no garantiza derechos a los niños, niñas y adolescentes. Para ello, como en numerosas situaciones, evidenciamos la necesidad de un acompañamiento socio-comunitario, seguimiento y resolución de situaciones nutricionales, sanitarias, educativas, de esparcimiento y recreación y culturales”.

“En nuestros distritos las respuestas a niños, niñas y adolescentes las realizan centros comunitarios y Hogares animados por organizaciones sociales y eclesiales que cuentan con el ‘apoyo’ y ‘ayuda’ del Estado a través de becas y aportes insuficientes, desde sus propias instalaciones y a partir el compromiso de trabajadores socio-comunitarios sin reconocimiento laboral”.

“El cierre del Hogar para Adolescentes mujeres es lamentable porque no está motivado por la solución del problema de adolescentes mujeres que viven situaciones de vejación, sometimiento, maltrato y abuso en sus ámbitos próximos, sino por la imposibilidad de sostenerlo económicamente. Somos conscientes de que la realidad de estas adolescentes sigue siendo una deuda social que nos interpela”, afirma.

Por otra parte, “las autoridades del Sistema de Promoción y Protección ante vejaciones, maltratos, abusos y diversos atropellos a los derechos de niños, niñas y adolescentes buscan legítimamente evitar la institucionalización, generando alternativas de guardas provisorias en ámbitos familiares”. “Sin embargo ante la precariedad del sistema, empujan a las niñas, niños y adolescentes a alternativas que no garantizan sus derechos e incluso acentúan los problemas iniciales, con ausencia de acompañamiento y seguimiento insuficiente de estas realidades”.

“En un contexto con 6 de cada 10 niños, niñas y adolescentes pobres en la Argentina, solicitamos al gobierno un renovado compromiso con la realidad de la infancia, una mayor articulación con los actores sociales para el abordaje, el reconocimiento de los trabajadores socio-comunitarios, un aumento del financiamiento para iniciativas comunitarias para la respuesta a estas realidades y una política que observe particularmente la fragmentación de las familias como un factor determinante para orientar las políticas de infancia”.+