Abusos: "Nadie está por encima de la ley", afirmó Mons. Scicluna
- 10 de mayo, 2019
- Ciudad del Vaticano
Durante la presentación, en la Sala de Prensa de la Santa Sede, de la carta apostólica en forma de motu proprio ?Vos estis lux mundi? (ustedes son la luz del mundo), promulgada por el papa Francisco el 9 de mayo y vigente a partir del 1 de junio, el arzobispo de Malta y secretario adjunto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, monseñor Charles Scicluna, afirmó que el documento supone que cualquiera dentro de la jerarquía eclesial debe "responder de sus crímenes", por lo que "no hay inmunidad, nadie, ni siquiera en un puesto de liderazgo, está por encima de la ley".
"Ahora tenemos una ley universal que determina los pasos fundamentales para la investigación de un miembro de una congregación, obispo o superior mayor, religioso o religiosa, lo que es una clara señal de que incluso el liderazgo está supeditado no solo a la ley de Dios sino también a la ley canónica", señaló el arzobispo durante la presentación en la que estuvo acompañado por el padre Juan Ignacio Arrieta, secretario general del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos, quien destacó el "coraje" que mostró el papa Francisco con este texto y con sus actos para desenmascarar los abusos en la Iglesia".
El sacerdote reiteró que el texto es una "ley pontificia universal" que, si bien no introduce nuevos tipos de delitos, busca "formas seguras de abordar informaciones potencialmente criminales" y "verificarlas sin demora por medio de una investigación adecuada, para iniciar los procedimientos apropiados". Y es que, como añadió Scicluna, "no se trata de inventar la rueda o hacer un comentario a las leyes que ya tenemos, sino de proporcionar procedimientos sobre lo que se necesita hacer para denunciar y luego para la investigación".
En opinión del arzobispo, esto "es muy importante" porque el documento, "es el resultado del compromiso de potenciar el liderazgo, pero también es un compromiso con la transparencia".
"Una de las cosas más importantes del motu proprio es que establece la obligación de los obispos de establecer de manera estable, accesible y segura en su diócesis uno o más sistemas para recibir informes, siguiendo las indicaciones de su respectiva conferencia episcopal", indicó el padre Arrieta, a lo que añadió la novedad de la obligación de clérigos y religiosos de "informar si tienen noticias o razones para creer que la conducta de algún miembro de la Iglesia" es susceptible de ser investigada. Y es que, en esta etapa del proceso, "es importante la protección de las víctimas".
"No solo se trata de la obligación de informar, sino de convertir las iglesias locales en instalaciones para escuchar", agregó el arzobispo de Malta, para quien aceptar la denuncia tiene que ver, además, con "la aceptación y atención a la dignidad de las víctimas".
Cercanía a las víctimas
Para ambos presentadores, lo más innovador del motu proprio se encuentra en la "forma de gestionar las posibles informaciones" de casos de abusos por parte de los obispos y otros consagrados de los que sean informados mientras "ocupan altos cargos". De esta manera, toda persona dentro de la Iglesia tiene la "obligación de informar inmediatamente" a la autoridad eclesial sobre los casos de abusos de los que sea notificado.
En cuanto a los procedimientos, si bien "existen métodos ya establecidos a lo largo de los siglos para investigar y posiblemente castigar a los obispos diocesanos, haciendo uso de la asistencia de las nunciaturas apostólicas y de las visitas canónicas" y esto va a continuar de la misma manera, Arrieta explicó que lo que establece el documento es que el sistema se lleve a cabo desde una "mayor cercanía a los lugares donde se efectuaron los hechos para favorecer la contextualización y un mejor conocimiento de las circunstancias e incluso las necesidades específicas de las comunidades".
Finalmente el padre Arrieta mencionó que las investigaciones se deben llevar a cabo adoptando "métodos apropiados en caso de escuchar el testimonio de menores o personas vulnerables", así como "respetando la presunción de inocencia hasta que se demuestre su culpabilidad y haciendo uso de la ayuda de personas adecuadas, incluso fieles laicos". Además, apuntó que las investigaciones "deben concluirse en 90 días", durante los cuales el obispo de la localidad donde se esté llevando a cabo debe informar de forma mensual a la Santa Sede.+
