Perú: los obispos piden respetar la Constitución en las investigaciones en el Congreso

La Conferencia Episcopal Peruana envió un mensaje tras la decisión del Parlamento de iniciar un proceso sumario a la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

La presidencia de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP) se ha pronunciado en contra de la decisión del Congreso de la República de encargar una investigación “de carácter sumario”, en catorce días, a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y que eventualmente llevaría a la destitución de sus integrantes.

Los obispos exhortaron a respetar el mandato de la Constitución, la cual establece que cuando hay un asunto de interés público, en el proceso de investigación que determine el Congreso, se debe garantizar el derecho a comparecer “bajo los mismos apremios que se observan en el procedimiento judicial”.

En un mensaje titulado “Seamos arquitectos de una democracia sólida, con paz y justicia social", la CEP señaló que el Perú vive una crisis que está generando mayor inestabilidad por la decisión del Congreso de encargar una investigación “de carácter  sumario” a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que eventualmente llevaría a la destitución de los magistrados.

En ese sentido, la presidencia de la CEP, conformada por su presidente, monseñor Miguel Cabrejos (arzobispo de Trujillo); su primer vicepresidente, cardenal Pedro Barreto (arzobispo de Huancayo); su segundo vicepresidente, monseñor Carlos García (obispo de Lurín); y su secretario general, padre Guillermo Inca, exhortó a encontrar una solución con sabiduría y rectitud, donde debe primar el interés por el Perú, el bien común de todos.

"Este enfrentamiento entre dos órganos constitucionales del Estado está generando un grave daño a la estabilidad e institucionalidad democrática, poniendo en riesgo la legalidad, la armonía social y lo establecido en nuestra Constitución", se lee en la comunicación. 

La CEP recordó que la JNJ es un órgano constitucional autónomo cuyos miembros, al amparo de la Constitución peruana, gozan de la garantía del Estado para el ejercicio de sus funciones en independencia, inamovilidad de sus cargos y permanencia en el servicio, mientras observen conducta e idoneidad propias de su función.

En esa línea, la CEP sostuvo que "todos debemos respetar el artículo 97º de nuestra Constitución, que establece que, cuando hay un asunto de interés público, el proceso de investigación que determine el Congreso debe garantizar el derecho a comparecer “bajo los mismos apremios que se observan en el procedimiento judicial".

El episcopado peruano consideró que los conflictos se deben afrontar a base del respeto irrestricto del orden constitucional, el principio de legalidad, la tutela procesal efectiva y la garantía del recto ejercicio de la defensa. 

Recalcaron asimismo que el Perú, con urgencia, necesita que sus autoridades superen los frecuentes enfrentamientos, porque estos llevan al país a la división, al caos, a la ruptura de la legalidad y la legitimidad, agudizando los conflictos y llevando los problemas al abuso del Derecho y a la irrazonabilidad en el ejercicio del poder. Situaciones que, advierten, en otras ocasiones han hecho mucho daño a la nación.

"Este enfrentamiento entre dos órganos constitucionales del Estado está generando un grave daño a la estabilidad e institucionalidad democrática", lo que advierten pone en riesgo la legalidad, la armonía social y los mandatos de la constitución política.

Para la Iglesia, “el instrumento de la justicia es el derecho y la ley es el instrumento del derecho, orden gradual y secuencial que debe respetarse, porque la ley no es sustituto del derecho, ni el derecho sustituye a la justicia”.

Los obispos apuestan por la sabiduría y rectitud para solucionar el conflicto, dejando atrás apetitos personales y grupales y donde prime el interés por el Perú, el bien común de todos. 

Finalmente, ratifican desde su lugar de pastores que confían “en una democracia sólida, con paz y justicia social”, de acuerdo con los fundamentos de la Doctrina Social de la Iglesia, que siempre quiere ser solidaria con la humanidad entera y su historia, por lo que reiteran su invitación “a un legítimo y auténtico discernimiento entre los altos poderes públicos y constitucionales, para solucionar los acuciantes problemas que aún aquejan a nuestra sociedad”.

El Parlamento peruano en pleno decidió, este 12 de septiembre, iniciar la investigación que busca remover a los 7 magistrados que integran la Junta Nacional de Justicia. Determinación que fue recibida con preocupación por los organismos internacionales, porque los magistrados que eventualmente serían removidos están investigando a la actual fiscal de la Nación, Patricia Benavides.+