Mujeres presas: el sufrimiento de la familia y la urgencia de la reinserción social

Autoridades judiciales y de la Pastoral Carcelaria visitaron un complejo penitenciario, para escuchar experiencias de mujeres prontas a recuperar la libertad y de personas del pabellón trans.

Autoridades judiciales visitaron el 8 de diciembre, solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen, el Complejo Federal Penitenciario IVº, para compartir las experiencias de las mujeres que se encuentran prontas a recuperar la libertad y visitar el pabellón de personas trans que se alojan allí.

Estuvieron presentes el juez Alejandro W. Slokar, presidente de la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal; Virginia Barreyro, directora de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal; María Jimena Monsalve, jueza nacional de Ejecución Penal y presidenta de la Asociación Argentina de la Justicia de Ejecución Penal; y María Patricia Alonso, coordinadora nacional de la Pastoral Carcelaria e integrante del Secretariado Nacional, quien dejó un mensaje esperanzador en este tiempo en que se acerca la Navidad.

El grupo participó del “Taller de Pre-libertad”, que se imparte allí mensualmente, con la finalidad de preparar y acompañar el egreso; así como también para proporcionar herramientas efectivas para evitar la recaída en el delito, al mismo tiempo que se trabaja sobre la base de las condiciones concretas de vulnerabilidad social y se construyen redes de contención, que mitiguen el riesgo de volver a delinquir. 

En el caso de las mujeres, se evidencia que la pena de prisión trasciende a sus familias, generando menoscabo de derechos en niños, niñas y adolescentes. Según el Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución Penal, las mujeres presas representan el 4,4 % de la población carcelaria de la República Argentina, es decir 4.476 mujeres, en su mayoría madres que, antes de ser detenidas, eran cabeza de familia. 

Esa situación genera la desprotección de los hijos, que quedan usualmente al cuidado de otro familiar, de un vecino o, en algunos casos de vulnerabilidad extrema, a cargo de un adolescente que se responsabiliza por sus hermanos, demostrándose la exposición de estos menores a condiciones de extrema vulnerabilidad. 

Estas familias se ven diezmadas por la imposibilidad de que otra persona se haga cargo de las tareas de cuidado, situación que se intensifica cuando aparecen otros factores en juego como la necesidad del acceso de esos niños a la salud, a la educación, lo cual se agrava si se verifica alguna enfermedad de base de alguno de los niños o una discapacidad. Todas estas situaciones se tornan aún más complicadas cuando la mujer presa es, además, migrante. 

Estas condiciones demuestran la incompatibilidad entre la prisión, el cumplimiento del rol maternal y el interés superior en cunato a la protección efectiva de niños, niñas y adolescentes, razón que urge que se promueva la existencia de casas de medio camino y de espacios que recepcionen en forma integral a estas mujeres, para acompañarlas en el regreso al medio libre con herramientas eficaces que eviten la recaída en el delito, promuevan la integración social y protejan de modo efectivo a sus hijos.

En el marco del taller, se abordaron estas cuestiones, y en él también se instó a recurrir a los órganos de integración social, sedes judiciales vinculadas a la ejecución penal y referentes pastorales barriales, en caso de necesidad, cerrándose el encuentro con una profunda reflexión.

En cuanto a las personas trans, la visita al pabellón permitió conversar acerca de las condiciones de vida y la conflictividad que se presenta en la convivencia, y se respondieron consultas relativas a sus procesos judiciales, en forma conjunta con el personal penitenciario del área social.

Dentro de estos contextos, es fundamental el acompañamiento y el rol social que cumple tanto la Pastoral Carcelaria como la justicia, bajo el compromiso adoptado por  el papa Francisco, el cual recientemente, en la carta dirigida a la Asociación de Profesores de Derecho Penal, expresó: “Para que la función penal no se convierta en un mecanismo cínico e impersonal, necesitamos personas nutridas de formación técnica, pero sobre todo apasionadas por la justicia, conscientes del gran deber que cumplen. Solo así ninguna norma será un fin en sí misma, sino que todas estarán al servicio de las personas implicadas, ya sean los autores de los delitos o las víctimas que han sido ofendidas. De esta manera, es posible abordar los problemas éticos y morales que se derivan de la conflictividad y de la injusticia, comprender el sufrimiento de las personas concretas involucradas y llegar a otras soluciones que no profundicen esos padecimientos”.

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