Líderes religiosos peruanos llaman a la paz y la reconciliación

En una declaración conjunta firmada por representantes de 16 religiones y comunidades confesionales del Perú, abordaron los dramáticos acontecimientos que vive el país.

“Los peruanos queremos una sociedad que esté marcada por la esperanza, el diálogo, la paz social, la justicia y el desarrollo humano. Del mismo modo, pedimos a la comunidad internacional respetar nuestra soberanía y la transición democrática que vive nuestro país”, se lee en la declaración conjunta firmada por representantes de 16 religiones y comunidades confesionales del Perú, redactada al término de una reunión en la que se abordaron los dramáticos acontecimientos que vive el país, lanzando un llamamiento “a la paz, a la tranquilidad, a la unidad y la reconciliación, a partir de un amplio proceso de escucha y diálogo nacional”.

El “Comunicado interreligioso sobre la crisis política en el Perú”, difundido el 22 de diciembre, subrayó la convicción de que “la espiritualidad es un elemento central y fundamental en la vida de todos los seres humanos”. 

En estos momentos de grave crisis social y política en el país, que tiene raíces profundas, las comunidades religiosas manifiestaron su solidaridad y dolor “por las vidas que se han perdido en las recientes manifestaciones, lo que que requiere una investigación transparente, ante los graves acontecimientos que amenazan la paz social”. Al mismo tiempo, consideraron que “debemos escucharnos y atender el clamor de nuestros hermanos que reclaman por sus derechos, tarea particularmente propia del Estado”. 

Los líderes religiosos exhortaron a “no polarizarnos ni discriminarnos, por el contrario, debemos unirnos por el bien común, pues todos debemos ser constructores de un Perú digno, fraterno y de paz”.

Dirigiéndose a las autoridades políticas y civiles, se les recordó también su deber de buscar, “a través de un diálogo sincero y vinculante, soluciones verdaderamente democráticas,” ya que cualquier solución “requiere la aplicación conjunta de enfoques espirituales, morales y éticos”. 

“No queremos un país atomizado, polarizado ni violento”, escribieron los representantes de las religiones en la parte final del mensaje. “Todos los peruanos queremos y confiamos en la justicia, la unidad y la paz... Necesitamos reconciliarnos para entendernos y caminar juntos, todos: civiles y militares, hombres del campo y de la ciudad”, concluyeron.

Encontrar salidas a la crisis y recuperar la calma
Por su parte, los obispos peruanos instaron a las instituciones, desde el primer momento, "a proteger y salvaguardar la democracia, garantizando, preservando y restableciendo el orden público y constitucional", y lanzaron un llamamiento "a mantener la unidad nacional, la calma y a poner fin a cualquier forma de violencia y violación de los derechos fundamentales de los ciudadanos". En uno de sus mensajes, reiteraron: "Necesitamos diálogo sincero, calmar los ánimos para proteger nuestra débil democracia, preservar la institucionalidad y mantener la fraternidad de nuestro pueblo". En ese sentido, el 18 de diciembre invitaron "a todos los fieles y personas de buena voluntad a expresar la paz, la esperanza y la fraternidad en el Perú" a través de una Jornada de Oración por la Paz.

En tanto, la Red Eclesial de las Comisiones de Justicia y Paz de América Latina y el Caribe también publicó una declaración dirigida a todos los actores políticos, sociales y sindicales de Perú, expresando su solidaridad con el pueblo peruano que, una vez más en su historia, se enfrenta a una crisis política y es objeto de violencia. “Creemos necesario insistir en el respeto a los derechos humanos, que son la base de la paz y la justicia en las relaciones entre los ciudadanos y el Estado”, subrayaron, y exhortaron también: “Es hora de una discusión pública que, ante las legítimas diferencias, sea capaz de encontrar salidas creativas que garanticen la democracia en Perú”.

Desde la destitución y posterior detención del expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre, han estallado protestas en todo el país, incluida la capital, en las que participan miles de personas que exigen la dimisión de la nueva presidenta, Dina Boluarte, y la convocatoria de una Asamblea Constituyente. A raíz de ello, el 14 de diciembre, el gobierno decretó el estado de emergencia en todo el país durante 30 días. Por su parte, Castillo fue condenado a 18 meses de prisión por el Tribunal Supremo, mientras continúa la investigación de los cargos que se le imputan.

El número de muertos asciende a 27 y el de heridos, a más de 650, como producto de los enfrentamientos entre partidarios del expresidente y las fuerzas de seguridad peruanas.+