El obispo estuvo encarcelado más de 3 meses, tras ser condenado a 26 años de cárcel. El régimen de Daniel Ortega lo acusaba de traición a la Patria.
El gobierno sandinista no habría renovado los permisos de residencia de las religiosas, quienes decidieron salir del país y continuar su apostolado en El Salvador.
El tribunal estableció como plazo hasta el 7 de julio para que el gobierno de ese país excarcele al prelado.
La delegación del Vaticano reiteró su reclamo relacionado con el "respeto y la promoción de los derechos humanos, incluida la libertad religiosa", durante el 53º período de sesiones de la OEA.