Presentarán acciones legales para que la CIDH examine la situación y las presuntas violaciones a los derechos fundamentales en las que estaría incurriendo el Estado por el cierre del instituto.
El Calir consideró que se empuja a la Corte Interamericana de DDHH a fallar sobre una cuestión que excede su jurisdicción y que corresponde a normas éticas y morales "estrictamente religiosas".