La "ley de los mil días" aprobada en 2020 ¿por qué no se aplica?

El congreso Cuidando la Niñez reunió en la Legislatura porteña a más de 100 personas para generar propuestas que hagan realmente efectiva la Ley 27.611

“Nadie sabe que la ley existe y los que saben que existe no permiten que se aplique”, dijo la abogada Gabriela Micucci en el congreso nacional Cuidando la Niñez, que se realizó el 3 de noviembre último en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

¿A qué ley se refería esta dirigente de la democracia cristiana porteña? A la ley 27.611 de atención y cuidado integral de la niñez, conocida como “de los mil días”.

Precisamente el congreso Cuidando la Niñez reunió en la Legislatura a más de un centenar de personas –incluyendo médicos pediatras, juristas, comunicadores, etc.-que analizaron esa ley en seis grupos de trabajo con el propósito de generar propuestas que puedan recibir autoridades nacionales y de la Ciudad para hacer realmente efectiva la norma 27.611.

Esta ley fue sancionada por el Congreso de la Nación el 30 de diciembre de 2020 y titulada “Ley nacional de atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia”.

No es casual que lleve el número inmediatamente siguiente al de la ley 27.610 de interrupción voluntaria y legal del embarazo: su sanción fue una manera de remover objeciones de algunos legisladores que aún dudaban de aprobar la legalización del aborto, presentándoles como una suerte de compensación una norma de amparo a las mujeres que no quisieran abortar y a sus criaturas en los tres primeros años luego del nacimiento.

Pero en tanto la ley de aborto fue rápidamente instrumentada, con multiplicación de protocolos y recursos para efectivizarla, la de “los mil días” recién fue reglamentada en agosto de 2021, por el decreto 515, que en varios temas nada dice sobre algunos artículos de la ley (por ejemplo, en lo referido al modelo de atención en embarazos de alto riesgo, la inclusión del o la corresponsable parental en la consulta prenatal, el diseño de una “guía de cuidados integrales de la salud”, una línea gratuita de atención, la capacitación específica –a la que no se refiere-, el derecho a la información, etc.).

Estos aspectos que se echan en falta en la reglamentación -y desde luego en ser llevados a la práctica- fueron desarrollados por Inés Franck, licenciada en ciencias políticas y relaciones internacionales, abogada y a punto de graduarse en Psicología, profesora en la Universidad Católica Argentina (UCA), la Universidad Austral y otros institutos del país y de México. Es secretaria ejecutiva del Consejo de Protección de Menores y Adultos Vulnerables de la Conferencia Episcopal Argentina.

Al comenzar el acto, el legislador Claudio Ariel Romero (Pro, JxC) saludó a los presentes y estimó insuficiente a la ley 27.611, pero la consideró un paso para transitar un camino, para proteger y asegurar derechos.

A su vez, Claudio Gabriel Cingolani, exlegislador (Coalición Cívica, JxC) y actual secretario legislativo, coincidió en que es insuficiente pero subrayó que hay que darla a conocer: “Es una política pública que no se conoce”. Contrapuso esta situación con los protocolos de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) desplegados en todas las jurisdicciones. Y expuso cómo son asesoradas, inclinándolas hacia el aborto, mujeres que llegan al hospital con angustia pero que al sentir en su seno el latido vital, del corazón de la criatura, probablemente querrían proteger y defender esa vida.

Fue un orador saliente el doctor Pablo de la Torre, médico pediatra, padre de cuatro hijos, secretario de Salud y Bienestar Familiar de la Municipalidad de San Miguel. Habló desde la experiencia de la ampliación de centros de salud en ese distrito, donde inauguró el segundo hospital público después de cien años. En esa jurisdicción el programa de los mil días no es una idea teórica sino algo que se ha puesto en práctica en los últimos años, complementado con los programas Camino de la Embarazada y Proyecto de Vida.

De la Torre puso énfasis en esos primeros cuidados, para que los niños lleguen de la mejor manera posible a la sala de cuatro (comentó la escasez de vocabulario, entre 120 y 180 palabras, de chicos de los sectores más vulnerables, lo que debe revertirse). Y al insistir en el acompañamiento temprano en los centros de salud hizo notar que en San Miguel no ha muerto ninguna madre en relación al embarazo en el último año, al tiempo que allí se ha alcanzado uno de los índices de mortalidad infantil más bajos de toda la región.

También habló, con singular entusiasmo, Carlos Alberto Iafigliola, uruguayo, de 59 años, casado y padre de dos hijas. Fue dirigente gremial estudiantil e integró por los estudiantes el cogobierno de la Facultad de Ingeniería en la Universidad de la República. Fue edil (legislador departamental) en Montevideo y desde 2004 es convencional nacional y departamental del Partido Nacional. Desde 1982 y hasta ahora ha trabajado activamente en defensa de la vida y la familia en el Uruguay y en clara oposición a la legalización del aborto. Animó a los movimientos pro vida –había representación de muy diversos grupos- a trabajar juntos y mostró confianza en que las leyes de aborto pueden revertirse.

La abogada Alejandra Muchart, presidente del Partido Demócrata Cristiano de la Ciudad e integrante de Abogados por la Vida, coordinó la presentación de los informes de los distintos grupos de trabajo.  

Las reuniones fueron seguidas en directo desde distintos puntos del país por 600 personas a través de la radio señal Ad Gentes.  

El Congreso fue promovido por el Observatorio de la Familia Juan Pablo II, de la democracia cristiana porteña, a cargo de Carlos Traboulsi, y formaron la comisión organizadora Liliana Dure Ortiz, Viviana Soligo, María de los Ángeles Mainardi y Gustavo Diaz Nóblega.+ (Jorge Rouillon)