Expertos defienden las dos vidas en las exposiciones en el Senado

Abogados, constitucionalistas, médicos y sociólogos fundamentaron su rechazo al proyecto de ley de aborto que se comenzó a estudiar en el Senado, tras su media sanción en la Cámara de Diputados.

El boletín Notivida reseñó las exposiciones tanto a favor como en contra del proyecto de ley de aborto que hicieron este martes los invitados en la primera jornada del plenario de las comisiones de Banca de la Mujer, Justicia y Asuntos Penales, y Salud.

El lunes, en la reunión inicial, disertaron los funcionarios que trabajaron en la redacción del proyecto: Vilma Ibarra, secretaria de Legal y Técnica de la Nación; Ginés González García, ministro de Salud, y Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, quienes reiteraron lo expuesto en Diputados.

Pablo Garat, decano de la Facultad de Derecho (UCA), destacó que se está discutiendo el texto que viene en remisión de Diputados y que “ese proyecto –sin entrar en las consideraciones que ya se han hecho en la cámara baja- tiene que superar: 1) el test de constitucionalidad frente a la Constitución Nacional, 2) el test de convencionalidad respecto a los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional -que obligan a la Argentina internacional e internamente- y 3) el test de congruencia con los códigos de fondo". Asimismo, enfatizó que “todo nuestro orden jurídico se apoya en la regla del ‘interés superior del niño’, que no sólo surge de la Convención de los Derechos del Niño y de su protocolo facultativo, sino también de la Ley 26.061 de Protección integral de los Derechos de Niños y Adolescentes”. Y reivindicó fundadamente la declaración interpretativa que le hizo la Argentina a la Convención y subrayó que las recomendaciones de los comités de seguimiento no sólo no obligan, sino que, además, se deben subordinar al texto de los tratados.

Úrsula Basset, doctora en Ciencias Jurídicas (UCA): “Si todas las leyes conforman una conciencia social y un proyecto de país, en esta ley de esa idea de país emergen asuntos cruciales, porque regula la posición de dos sujetos de vulnerabilidad diversa en el derecho y, sobre todo, una idea de paternidad y de maternidad”. “Una idea de cuidado y acompañamiento del sufrimiento humano en situaciones desesperadas y una respuesta que el Estado y la sociedad deben dar a embarazos vulnerables o no deseados”. “Los médicos hacen su juramento hipocrático y los abogados juramos por la Constitución Nacional y nuestra Constitución, explícitamente y sin lugar a dudas, protege la vida desde la concepción y obliga, literalmente, al Estado a proteger al niño desde el embarazo”.

María Florencia Álvarez Travieso, politóloga, aclaró que hablaba como mujer peronista que apostó “por este Gobierno de coalición que dijo que iba a poner a la Argentina de pie”, pero, para eso, acotó, “hay que gobernar junto al pueblo”, “hay que salvar la mayor cantidad de vidas” y “hay que concretar la doctrina defendiendo a los más vulnerables entre los vulnerables”. “Los pobres requieren opciones de vida digna no un proyecto de descarte”. Aseguró que Perón y Evita trazaron “un camino claro en la defensa de los niños por nacer” y recordó frases históricas. Mencionó que Carlos Menem y Néstor Kirchner rechazaron el aborto y que Cristina Fernández de Kirchner incorporó el artículo 19 del Código Civil que protege la vida desde la concepción, otorgó el derecho a reclamar alimentos y filiación, y creó la Asignación Universal por Embarazo. “Los peronistas conocemos de ausencia, de dolor y de muerte y jamás olvidamos la prioridad de defender a los más débiles”. “No permitamos que un proyecto de descarte arranque de cuajo nuestra identidad”.

María Elena Critto, socióloga, indicó que las muertes por aborto representaron en 2018 el 0,2% de las defunciones de mujeres en edad fértil y que hubo 257 muertes maternas de las cuales sólo 19 (7%) se vinculan al aborto procurado. Negó que la legalización del aborto reduzca la mortalidad materna y destacó que en el país se vienen reduciendo los egresos hospitalarios por aborto.

Alberto Bianchi, constitucionalista: “Estamos frente a una ley que marca una política pública, la del aborto”. “Esta ley está presentada como una ley de derechos, pero es también una ley de obligaciones muy graves que lleva a la criminalización y a la cárcel a los que no cumplen con esas obligaciones”. Los invitó a leer la Convención de los Derechos del Niño para ver si en algún lugar encuentran las palabras: interrupción, embarazo o aborto. Agregó entonces “¿quién nos obliga a sancionar esta ley?” “¿los comités internacionales?” y destacó que “el Congreso argentino no se debería sentir obligado por eso cuando ha dicho que “es niño todo ser humano desde la concepción”. Recalcó que eso la ley no lo va a cambiar y que por el contrario se introduciría una contradicción en el ordenamiento jurídico: “la Constitución, la Convención y el Código Civil van a decir una cosa y el Código Penal otra completamente distinta”. Resaltó que se argumenta que esta es una ley “a favor de las mujeres”, pero hay médicas –mujeres- que se oponen al aborto y van a ser víctimas de la ley.

Edgardo Young, miembro de la Academia Nacional de Medicina y especialista en fertilización asistida, comenzó sentando su posición “en contra del aborto generalizado”. Dijo que “se habla mucho de los riesgos para la salud de la mujer, pero la salud se debe comprender en un todo, considerando no sólo la salud física sino también la psíquica, que, usualmente, es la más dañada en un aborto”. “La vida humana comienza en el proceso de la fecundación, o sea en la unión del óvulo y el espermatozoide y con la multiplicación celular se va desarrollando un nuevo ser, aunque todavía no es persona, es una persona en potencia”. Según el académico, para evitar los abortos hace falta educación sexual y acceso a los métodos anticonceptivos.

Alfredo Vitolo, abogado constitucionalista, indicó que “el proyecto sometido a consideración se asienta sobre premisas falsas y violenta el orden constitucional” y debe ser rechazado. Recordó que ningún tratado reconoce ni expresa ni implícitamente un “derecho” al aborto. Si bien es cierto que diversos comités de seguimiento de los tratados han formulado observaciones y recomendaciones para que se legalice ese “derecho”, dijo, esas no son disposiciones de cumplimiento obligatorio para nuestro país. “Las recomendaciones no generan obligaciones”. “Si los tratados hubieran querido conferir valor obligatorio a las recomendaciones emitidas por los comités, lo hubieran dispuesto expresamente”. “Se dice que la personalidad tiene característica incremental, pero eso contradice a la biología, la persona es la misma desde la concepción hasta su muerte”. “Una declaración interpretativa no pretende modificar al tratado, sino precisar su alcance”. Hay “niño” desde la concepción dice nuestra ley, con jerarquía supra legal, “esta distinción torna irrelevante la distinción que hace el Ministro de Salud entre vida y persona”. “La definición de niño en nuestro ordenamiento incluye a la persona por nacer, esto posee jerarquía constitucional y es un argumento suficiente para descalificar el proyecto por inconstitucional”.

Débora Rainieri, abogada, docente e investigadora (UBA-UCA): 1) “Cada vida humana se inicia en la concepción según la biología” y añadió que frente a eso el derecho no tiene más opción que reconocer a esa vida como persona y por tanto sujeto de derechos. 2) “Nuestro derecho distingue a las personas de las cosas y no hay una entidad intermedia”. 3) “Hay que distinguir entre los tratados establecidos en el 94 con jerarquía constitucional y los que no la tienen, esos tratados son la Constitución misma”. 4) “Todo el resto del orden jurídico acompaña este orden constitucional”. 5) el proyecto se asienta sobre una falacia peligrosa “¿podemos decir que es lo mismo el derecho a la vida que el derecho a la autonomía de la voluntad?”. 6) “No hay razones claras para creer que no hay derecho a nacer antes de la semana 14 y sí después de ella, aunque con las restricciones de las causales”. 7) “Este proyecto favorece a varios actores” “A los organismos internacionales que desde hace tiempo quieren esta ley”, agregó que también serán favorecidas las clínicas clandestinas y los hombres que no se quieren hacer cargo de sus acciones. 8) “El proyecto desconoce las consecuencias dañinas que tiene: para las mujeres, la familia y la sociedad”. Habló del trauma posaborto. 9) “Este proyecto, en aras de defender la autonomía de la voluntad, avasalla el derecho de los médicos a ejercer la medicina conforme a su juramento hipocrático”. Concluyó que el proyecto es inconstitucional e inconvencional.

María Inés Franck, abogada y licenciada en Ciencias Políticas, puntualizó que “si se observa con atención el texto, no tiene en miras la protección de la salud de la mujer o la opción de rechazar la consecuencia de una violación o un abuso, por lo menos hasta la semana 14, donde nada de eso está en juego”. Hasta ese momento se podría tratar de la voluntad de la mujer y de “una autonomía absolutizada”. Estimó que “para los casos más dramáticos el Código Penal –guste o no- ya previó la no punibilidad” y que el proyecto añade el aborto libre hasta la semana 14. Destacó que “se coloca a los médicos no objetores en una situación en la que no pueden hacer prevalecer el criterio científico y médico en las decisiones que adopten”. Señaló que transforman a los médicos en meros ejecutores del deseo de la mujer, si no quieren ser perseguidos. Afirmó que no conoce ninguna legislación sobre aborto que se ensañe tanto con la vida del por nacer: se le retacea la información a la madre y se imponen plazos perentorios. “Todos sabemos que desde el primer momento de la concepción estamos ante una vida humana” y “a la hora de votar, esa vida se debe poner en la balanza con todo su peso real”. “La pérdida de una vida no se puede subsanar”. “Sabemos que la vida es una realidad que queremos cuidar, conocemos los problemas que existen y que golpean especialmente a las mujeres, pero entendemos que no se van a resolver cortando por el hilo de la vida del más débil”.

Alfonso Santiago, doctor en Derecho, profesor de derecho constitucional de la UA, comenzó enfatizando que el proyecto es gravemente inconstitucional y que debe ser rechazado. “Desconoce el principio de la igual e inviolable dignidad de la persona humana, en el que se funda todo el sistema político y jurídico”. “Cada persona, incluidas las por nacer, es un fin en sí mismo, un sujeto no un objeto, es alguien no meramente algo”. “Esa dignidad es igual y común para todos los seres humanos”. “No puede haber ciudadanos de segunda categoría, con una dignidad inferior y cuyos derechos esenciales no merezcan la misma protección”. “Al desconocer la dignidad de la persona por nacer el proyecto desconoce en cierta medida la dignidad de todas las personas humanas”. “La dignidad es universal, común a todas las personas o no es dignidad humana”. “La pretendida doctrina de la personificación progresiva que algunos han sostenido es incompatible con la letra de nuestra Carta Magna”. Le recordó a los senadores que representan a las provincias que los más de los textos constitucionales provinciales protegen la vida desde la concepción. “Este proyecto nos define como comunidad política y como Nación”. “Defiendan la dignidad humana”.

A favor del proyecto de aborto legal expusieron Ricardo Gil Lavedra (abogado constitucionalista y exdiputado nacional), Andrés Gil Domínguez (constitucionalista), Gala Díaz Langou (Cippec), Paula Litvachky (directora ejecutiva del CELS), Luciana Sánchez (penalista de “Lesbianas y feministas por la descriminalización del aborto”), Aída Kemelmajer de Carlucci (ex Ministro de la SCJ de Mendoza), Melisa García (abogada feministas y de la Campaña por el derecho al aborto), Natalia Gherardi (directora ejecutiva de ELA), Marta Lamas (Católicas por el derecho a decidir) y Alejandro Osio (docente de la UNLPAM).

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