Carta abierta a los legisladores nacionales

El Instituto de la Familia y la Vida de la Universidad Católica de Salta (Ucasal), envió una carta abierta a los legisladores nacionales, a propósito del proyecto de ley sobre el aborto.

A propósito del proyecto de ley sobre el aborto, la directora del Instituto de la Familia y la Vida “San Juan Pablo II” de la Universidad Católica de Salta (Ucasal), Cecilia Sturla, envió una carta abierta a los legisladores nacionales.

“Pareciera cuestión de tiempo que en la Argentina salga la ley: así fue en la gran mayoría de los países europeos y americanos. Sin dejar de lado la centralidad de la protección de la vida humana por nacer, hoy me gustaría esgrimir otras razones por las que la promulgación de la ley sería un retroceso legal, demográfico, sociológico y un signo más del cripto machismo que nos envuelve como sociedad”, comienza su carta.

En ese sentido, detalla: “Retroceso legal, por la sencilla razón que el ordenamiento jurídico constitucional argentino protege, sin excepciones, el derecho a la vida de todo niño desde el instante de su concepción. (Disposiciones del Art. 2, Ley N° 23.849. Ratificación argentina de la Convención sobre los Derechos del Niño, y Art. 6.1 de dicho instrumento que goza de jerarquía constitucional en nuestro país - Art. 75.22 de la Constitución Nacional-). Claramente esta ley va en contra del mismo sistema jurídico argentino”.

En segundo lugar, explica: “El drama del envejecimiento poblacional (por la disminución de las tasas de natalidad y el índice de fecundidad como consecuencia del control de la natalidad donde el aborto legal es una herramienta desde hace más de 40 años) es una preocupación que se refleja en algunos documentos de la ONU. Como muestra, baste el ejemplo de Italia, donde la tasa de natalidad y el índice de fecundidad no garantizan una pirámide poblacional estable. Se trata de un retroceso demográfico. Es fundamental preguntarnos si las políticas públicas orientadas al control de la natalidad generan el bien social buscado o acrecientan los problemas en el largo plazo (cargas sociales, sistemas jubilatorios) empobreciendo a los países”, plantea.

En tercer lugar, “retroceso sociológico porque la polarización entre los ‘pañuelos verdes’ y los ‘pañuelos celestes’, nos hizo perder el foco: si se trata de hablar de derechos, todas las personas tenemos el derecho a la vida y por ello la obligación es cuidarla desde su concepción. Entonces las políticas públicas deben estar orientadas en esta área al cuidado de la mujer y de la mujer embarazada especialmente. El hecho que juntamente con el proyecto del aborto, el presidente también haya enviado el ‘Proyecto de los mil días’, es una hipocresía: no es opcional el cuidado integral de la mujer embarazada y el niño en camino. Es una obligación moral”, asegura.

Finalmente, se refiere al “cripto machismo”, porque “sólo una mentalidad masculinizada en sus estructuras, en su economía y en sus leyes puede pensar que el aborto soluciona los problemas estructurales de desigualdad e inequidad endémica que tenemos como pueblo y, en particular como mujeres”. 

“Por ello hoy hablamos de una ‘feminización de la pobreza’: las mujeres, nuestros embarazos, nuestros hijos, no están siendo tenidos en cuenta. Legislar para las mujeres implica políticas públicas integrales que consideren nuestra condición de mujeres y de madres”. 

“El pedido por el ‘aborto legal, seguro y gratuito’ (no es gratuito porque requiere de la asignación de recursos del Estado) es negarse a ver los problemas reales de las mujeres concretas que se cuestionan si abortar o no y que el aborto no resuelve”.

“A una mujer menor de edad que fue violada, el aborto no le asegura salir de ese ámbito de violencia (muchas veces doméstica) y tener las herramientas para poder desarrollarse; poco hace con respecto al violador.  A una mujer embarazada que no puede mantener a su hijo recién concebido no se le propone una red de contención que permita que ese hijo nazca y madre e hijo se desarrollen plenamente. El aborto no la saca de su condición de vulnerabilidad social y afectiva”, enumera. 

“Si intentamos ver al aborto como una oportunidad de disminuir inequidades, ello conlleva una falacia. La sociedad está haciendo poco o nada para crear las condiciones que necesitan las mujeres, y en particular las embarazadas, para su desarrollo como miembro pleno de la sociedad civil”, sostiene.

La legalización del aborto “impide una mirada integral de la mujer que permita llevar adelante políticas centradas en su cuidado y contención (en particular aquellas con embarazos vulnerables). Definitivamente la legalización del aborto aumenta la cantidad de abortos y los promueve”. 

“Por ello a nuestros legisladores les pido que no se dejen llevar por una polarización sin retorno. No se trata ni de ‘verdes’ ni de ‘celestes’. Se trata de contemplar la problemática de las mujeres de manera holística, porque en la problemática de la mujer y de sus embarazos reside hoy el problema de toda la sociedad”, insiste.

“Propongan que el presupuesto destinado a implementar el aborto en los hospitales se destine al cuidado y la promoción de las mujeres y sus embarazos, a mejorar el sistema de adopción y a continuar trabajando por evitar la violencia contra la mujer y el niño. Así seremos una sociedad que respeta a todos y no excluye a nadie, cualquiera sea su condición. Estamos ante una oportunidad única de afirmar nuestra vocación por el bien común, por la vida, por la igualdad de oportunidades y por establecer políticas que expresen nuestra condición fraterna, sin descartados”, considera.

“Sólo así vamos a tener una sociedad robusta que dé pasos concretos para salir de la pobreza endémica de la que pareciera que no hay retorno”, asegura.+