Abogados católicos reclamaron mayor responsabilidad social sindical
- 22 de octubre, 2018
- Buenos Aires (AICA)
La Corporación de Abogados Católicos reclamó a los gremios docentes bonaerenses mayor "responsabilidad social sindical" y rechazó la pretensión de otros sectores del sindicalismo argentinos que "bajo la fachada de reclamos laborales genuinos pretenden injustificadamente quedar al margen de investigaciones judiciales por delitos comunes".
Frente a estas situaciones, los abogados católicos reiteraron la posición sentada por la Corporación en el capítulo referido a la "Responsabilidad Social Sindical" del documento difundido en 2016, al que consideraron de "inocultable vigencia".
Asimismo, pidieron a los legisladores para que "dispongan los cambios normativos que prevengan y eviten abusos" tales como la falta de transparencia en la administración de los recursos sindicales, el límite temporal de los dirigentes al frente de los gremios y la exclusión de la mujer de la vida sindical.
Texto del comunicado
En vista a la gravedad que adquiere el conflicto sindical de los docentes en la provincia de Buenos Aires, como así también frente a la pretensión de otros sectores del sindicalismo argentino que bajo la fachada de reclamos laborales genuinos pretenden injustificadamente quedar al margen de investigaciones judiciales por delitos comunes, la Corporación de Abogados Católicos recuerda la posición sentada en el documento sobre "Responsabilidad Social" presentado en diciembre de 2016 (capítulo sobre "Responsabilidad Social Sindical") donde se indicó:
"Resulta ineludible y urgente abordar la necesidad de imbuir de una genuina responsabilidad social a uno de los sectores protagónicos de la vida social de nuestro país como es sin duda el sindical, en especial cuando los cambios tecnológicos anticipan que en las próximas décadas al menos el 30% de las actividades que actualmente ocupan obreros y empleados ya no existirán o tendrán otro perfil. Transparencia en la administración de recursos, reemplazo periódico en las funciones, participación del mujer en la vida sindical y una apropiada capacitación para los cargos son todos aspectos cuyo tratamiento normativo ya no puede demorarse, al tiempo que la ausencia de estos valores constituye el motivo del agotamiento de un modelo que agoniza y de una representación que muchos trabajadores ya no convalidan.
Los recursos económicos que administran los sindicatos se originan con el esfuerzo conjunto de los trabajadores y de sus empleadores y, por lo tanto, son bienes comunitarios de los cuales los sindicatos están obligados a rendir cuentas en forma transparente, detallada y profesionalmente auditada ante a sus afiliados y ante toda la comunidad que integran. El destino de los fondos sindicales no puede decidirse a puertas cerradas y sin escuchar las necesidades de sus verdaderos titulares y beneficiarios, que son los trabajadores. Los aportantes (empleados y empleadores) tienen derecho a control de transparencia de las decisiones y a auditar el efectivo destino de los recursos, derechos que se proclama pero que en la práctica no se reconocen.
Los cargos sindicales se retienen por años sin recambio ni límite temporal alguno y en los máximos niveles se verifica un sorprendente promedio de permanencia en la función que supera holgadamente los cuatro lustros, llegando en algunos casos al medio siglo de gestión ininterrumpida. Suponer que en tan extraordinarios plazos no han surgido otros candidatos que permitan un natural reemplazo y que faciliten la diversidad de ideas, aportes, propuestas y opiniones supone una cerrazón inhabilitante o bien demuestra una inexcusable incapacidad para generar sucesores, lo que en cualquiera de los casos defrauda la confianza depositada por los afiliados.
Frente a la escasa respuesta de los afiliados, que ya no se sienten adecuadamente representados y por lo tanto no responden a las convocatorias, movilizaciones o demostraciones masivas, se recurre a las barras bravas y a grupos de choque, con la intención de presionar y amenazar opositores, empresarios y hasta gobiernos, mediante el recurso de la fuerza y del desorden.
La falta de una mínima capacitación y de una indispensable preparación que hoy se requiere para el desempeño responsable de la representación sindical se pone de manifiesto en la insensibilidad e irresponsabilidad con la que se recurre a medidas de fuerza extremas, recursos draconianos a los que se llega sin medir las graves consecuencias ni hacerse cargo de los daños sufridos por terceros ajenos al conflicto, cuyos derechos son avasallados y violentados a pesar de que en oportunidades tienen entidad todavía mayor al que genera el reclamo laboral, como son la vida, la salud, la seguridad, la educación, etc. Más grave aún es la práctica corrupta de generar conflictos de alto nivel de impacto y que provocan un gran número de perjudicados al solo y único efecto de concitar la atención pública, posicionar un dirigente o medir fuerzas entre grupos antagónicos.
La mujer está prácticamente excluida de la vida sindical, al igual que los jóvenes y son contados los casos que se las escucha o se les permite una adecuada participación. Menos aún se recurre a las nuevas formas de comunicación y de participación, consulta u opinión. Estos son también aspectos en los que el sindicalismo debe asumir las responsabilidades sociales trascendentes que derivan de su rol dentro de la vida de nuestra comunidad.
No es menor el deber de responsabilidad social que cabe también a los trabajadores en general al momento de ejercer sus derechos sindicales, elegir sus dirigentes y validar sus representaciones, buscando que sean personas con idoneidad para el cargo, honestidad probada, conducta ejemplar y vocación de transparencia en el cumplimiento de sus funciones, rechazando en tan importante momento electivo toda presión o recurso de la fuerza y sin tentarse tampoco con promesas, sobornos o prebendas?
Este documento es el resultado del trabajo y la experiencia de abogados que cumplen sus funciones en muy variados ámbitos y regiones de nuestro país y fue puesto a disposición de la Conferencia Episcopal Argentina, de los integrantes del Poder Legislativo Nacional y de todos los abogados argentinos en 2016. Lamentablemente, a dos años de su publicación las denuncias que se allí formularon tienen inocultable vigencia y el reclamo a nuestros legisladores para que dispongan los cambios normativos que prevengan y eviten los abusos que allí se describen es cada vez más urgente.+
