Ese organismo y el Episcopado cuestionan la decisión gubernamental de declarar finalizada la emergencia territorial que protegía, mediante la ley 26.160, la posesión y la propiedad comunitaria.
Advierte que las autoridades están propiciando la inseguridad y vulnerabilidad de las comunidades en cuanto a sus territorios. Lamenta además la posición argentina ante organismos internacionales.
La Comisión de Pastoral Aborigen alerta sobre la escalada de los conflictos por desconocer la propiedad comunitaria indígena, y pide a las autoridades "abandonar actitudes de violencia y represión".
En el marco de su asamblea nacional, los delegados diocesanos alzaron su voz para exigir el respeto de los derechos indígenas consagrados tanto en convenios internacionales como en la Constitución.