La Fiscalía vaticana pide siete años y tres meses de prisión para el cardenal Becciu

El fiscal pidió esa condena para quien fue, entre 2011 y 2018, el número dos de la Secretaría de Estado. La pena incluye el embargo de 14 millones de euros. La sentencia final, antes de Navidad.

El fiscal del Vaticano, Alessandro Diddi, pidió este 26 de julio 7 años y 3 meses de prisión, además de la devolución de 14 millones de euros, para el cardenal italiano Angelo Becciu -quien ejerció funciones entre 2011 y 2018 como número dos de la Secretaría de Estado vaticana-, en el juicio en el que se le acusa de una serie de violaciones financieras que dañaron gravemente a la Santa Sede. La sentencia definitiva está prevista para finales de año.

Para Becciu y los otros nueve imputados —funcionarios vaticanos, financieros e intermediarios—, en este juicio sobre las irregularidades en la gestión de los fondos del Vaticano que comenzó hace dos años, Diddi pidió un total de 73 años y un mes de reclusión, más penas de inhabilitación y multas.

Para el resto de los investigados, el fiscal Diddi pidió el embargo de más de 400 millones de euros y las siguientes estancias en prisión: tres años y ocho meses para René Brülhart (anterior presidente de ASIF, la Autoridad de Supervisión e Información Financiera del Vaticano); cuatro años y tres meses para Tommaso Di Ruzza (antiguo director de ASIF); cinco años y cuatro meses para Mauro Carlino (sacerdote y anterior secretario del cardenal Becciu); y 13 años y tres meses para Fabrizio Tirabassi (empleado de la Oficina Administrativa de la Secretaría de Estado). 

Además, se piden cuatro años y ocho meses para Cecilia Marogna, una colaboradora de Angelo Becciu, que recibió medio millón de euros del Vaticano para liberar a la religiosa Gloria Cecilia Narváez de un secuestro en Mali, pero usó gran parte del dinero en bolsos y zapatos de lujo.

También se piden condenas para los inversores que pudieron aprovecharse del Vaticano: nueve años y nueves meses para Enrico Crasso (el corredor financiero que administró las inversiones de la Secretaría de Estado durante décadas); once años y cinco meses para Raffaele Mincione (un corredor financiero que utilizó parte del dinero de una compra para introducir al Vaticano en un fondo y hacer personalmente inversiones especulativas); seis años para Nicola Squillace (un abogado involucrado en las negociaciones); y siete años y seis meses para Gianluigi Torzi (corredor a quien el Vaticano pidió poder salir del fondo en que le metió Mincione).

Durante el proceso, Becciu, a quien el papa retiró sus beneficios cardenalicios, negó todas las acusaciones y sus abogados, Fabio Viglione y Maria Concetta Marzo, lamentaron el intento del promotor de Justicia de "fabricar una narrativa mediática fuerte, pero concretamente carente de toda lógica". 

"El cardenal es inocente, afirmaron en un comunicado  lo hemos demostrado y no es subiendo el tono y utilizando epítetos ofensivos como se puede cambiar la realidad. No nos dejaremos asustar por los gritos y la vehemencia expresados en el aula judicial y seguiremos proclamando su inocencia, ya puesta en evidencia para todos por la audiencia preliminar", se lee en el comunicado de los defensores.

La tesis de la acusación presentada por el "promotor" (el fiscal de justicia vaticano) es que la Secretaría de Estado, en el momento en que Becciu era sustituto de Asuntos Generales, es decir, el hombre clave de la burocracia vaticana, invirtió una cuantiosa suma en una operación altamente especulativa para la compra de un edificio en Londres, que creó un gran agujero de entre 139 y 189 millones de euros en las arcas vaticanas. 

Este proceso judicial comenzó a raíz de una investigación de la Oficina del Auditor General del Vaticano, tras las denuncias presentadas en marzo de 2019 por el Instituto para las Obras de Religión (el banco del Vaticano). Entonces, descubrieron irregularidades en la compraventa fraudulenta de un lujoso edificio de siete plantas en la plaza londinense de Sloane Square. El pretexto de esa operación era realizar una inversión rentable, pero finalmente fue una estafa que supuso una pérdida de 135 millones para la Santa Sede. Además, en vez de realizarse la compra con dinero del Óbolo de San Pedro, se utilizaron fondos reservados de la Secretaría de Estado.+