Educación, infancia, discapacidad... ¿son prioridades en la Argentina hoy?

Es la pregunta que se plantea en el título de un documento la Comisión Episcopal de Educación, en la que reclama más presupuesto para educación, infancias vulnerables y personas con discapacidad.

La Comisión Episcopal de Educación difundió hoy un comunicado con el título “Educación, infancia, discapacidad... ¿son prioridades en la Argentina hoy?”, en el que reclama al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo más presupuesto para educación, infancias vulnerables y personas con discapacidad”

“Más allá de que la educación pública haya subido al podio de las noticias con motivo de darse a conocer el proyecto del Presupuesto Nacional para el 2023 –recientemente aprobado con media sanción por la Cámara Baja en la madrugada del martes 25 de octubre–, queda en evidencia que su prioridad en el ideario nacional no ocupa la agenda política ni social”, lamenta, y advierte: “Eso explica en gran parte su postergación y las enormes e inexplicables desigualdades que están a la vista en el territorio nacional, en especial en los tres niveles de la enseñanza básica que tienen por destinatarios a niños, adolescentes y jóvenes”.

“De aprobarse esta ‘Ley de leyes’ por la Honorable Cámara de Senadores, tan importante para la vida social, sin las correcciones que no pocas voces autorizadas han observado, estaríamos contradiciendo lo que en la Argentina se ha sostenido con orgullo, aun en los momentos más críticos: que cuidar a las nuevas generaciones y poner todos nuestros esfuerzos por educarlas es la mejor inversión, y nunca será un gasto excesivo”, sostiene.

Los obispos de la Comisión Episcopal de Educación, que preside el arzobispo de Buenos Aires, cardenal Mario Aurelio Poli, consideran que “de cara al Presupuesto de la Nación, es importante que se resguarden los recursos para llevar adelante estas políticas integradoras en el área de la discapacidad”, porque –subrayan- “eso permitiría un desarrollo auspicioso a estas personas y su inclusión social les abriría puertas hasta ahora cerradas”.

Asimismo, solicitan a los miembros del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo que “tengan en cuenta esta realidad para que se concrete en partidas presupuestarias que permitan continuar con la justa atención que se viene desarrollando y comenzar nuevas iniciativas hacia aquellos que justamente las requieren”. 

“No está demás advertir que en el contexto de una pobreza estructural, la infancia y discapacidad pueden transformarse en un nuevo grupo social vulnerable si no se priorizan sus necesidades”, sostienen.

“La mayor alegría de la que puede gloriarse el Estado es asegurar los medios para educar al semejante, es decir, la mejor manera de fomentar el servicio al bien común, acrecentar la paz y la amistad social, afianzar un orden justo, cultivando los valores cívicos que arraiguen nuestra vocación democrática y republicana”, concluyen.

Texto del documento
Más allá de que la educación pública haya subido al podio de las noticias con motivo de darse a conocer el proyecto del presupuesto nacional para el 2023 –recientemente aprobado con media sanción por la Cámara Baja en la madrugada del martes 25 de octubre–, queda en evidencia que su prioridad en el ideario nacional no ocupa la agenda política ni social, y eso explica en gran parte su postergación y las enormes e inexplicables desigualdades que están a la vista en el territorio nacional, en especial en los tres niveles de la enseñanza básica que tienen por destinatarios a niños, adolescentes y jóvenes.

Nadie niega que la actual coyuntura de la economía nacional necesita de un ordenamiento en las cuentas públicas, pero las variables de ajuste no pueden recaer en las áreas más sensibles y vulnerables de la población, no sin efectos perjudiciales. En vista a un escenario futuro proyectado con un porcentaje interanual inflacionario –para no pocos economistas, al menos imprevisible e improbable–, los recortes, la inmovilidad en las asignaciones y los presupuestos vigentes que no recibieron aumentos, dejan al descubierto las graves consecuencias que recaen en las infancias, sobre las personas con discapacidad y en los niveles obligatorios de la educación.

De aprobarse esta «ley de leyes» por la Honorable Cámara de Senadores, tan importante para la vida social, sin las correcciones que no pocas voces autorizadas han observado, estaríamos contradiciendo lo que en la Argentina se ha sostenido con orgullo, aun en los momentos más críticos: que cuidar a las nuevas generaciones y poner todos nuestros esfuerzos por educarlas es la mejor inversión, y nunca será un gasto excesivo. Para mantener este ideario, se necesita «en primer lugar, tener la valentía de colocar a la persona en el centro. Para esto, se requiere firmar un pacto que anime los procesos educativos formales e informales, que no pueden ignorar que todo en el mundo está íntimamente conectado y que se necesita encontrar (a partir de una sana antropología) otros modos de entender la economía, la política, el crecimiento y el progreso» .

Los logros legislativos –que en su momento dieron origen a instituciones humanitarias que benefician a tantos argentinos, como lo son: las Asignaciones Familiares (AAFF), las Asignaciones Universales por Hijo (AUH) y por Embarazo (AUE)–, asisten a necesidades básicas de sectores sociales que ya son pobres y que no pueden correr el riesgo de verse empujados a la indigencia, lo que se traduciría en más dolor, impotencia y sufrimiento de los pequeños, algo humillante para la comunidad nacional, que siempre se ha propuesto protegerlos, sobre cualquier otro interés.

En tiempos de gran pobreza y de falta de trabajo, como los que vive nuestro país, entre quienes más sienten sus consecuencias se encuentran las personas con alguna discapacidad. Y si bien no podemos dejar de reconocer que en las últimas décadas se han abierto muchas posibilidades, no obstante, un significativo número de ellas queda marginado, en particular quienes no cuentan con cobertura social (obra social, pensión no contributiva, prepagas, PAMI). Por tal motivo y de cara al presupuesto de la Nación, es importante que se resguarden los recursos para llevar adelante estas políticas integradoras en el área de la discapacidad. Eso permitiría un desarrollo auspicioso a estas personas y su inclusión social les abriría puertas hasta ahora cerradas. Estas medidas no son un lujo para la sociedad, sino una inversión que posibilitará que ellas crezcan, vivan, se desarrollen, estudien, se rehabiliten, trabajen y así puedan con su presencia y actividad ser partícipes en la construcción del bien común. Hablamos de recursos presupuestarios que permitan detectar las situaciones discapacitantes en las diversas etapas de la vida, lo cual podrá generar igualdad de oportunidades para el desarrollo y su participación activa en todos los ambientes de la vida.

Por lo tanto, solicitamos a los miembros del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo que tengan en cuenta esta realidad para que se concrete en partidas presupuestarias que permitan continuar con la justa atención que se viene desarrollando y comenzar nuevas iniciativas hacia aquellos que justamente las requieren. No está demás advertir que en el contexto de una pobreza estructural, la infancia y discapacidad pueden transformarse en un nuevo grupo social vulnerable si no se priorizan sus necesidades.

La Nueva Ley General de Educación se vio acompañada por una legislación que promueve la enseñanza obligatoria a partir de los cuatro años, hasta completar los estudios secundarios. Aun así, el porcentaje de la deserción escolar de los jóvenes en el país es muy alto y hace años que va en aumento, superando más del 50% –en algunas provincias los números son alarmantes–, con consecuencias graves como la imposibilidad de acceder a estudios superiores y de conseguir un trabajo formal. A este cuadro de situación se suman las dificultades que puso a prueba la creatividad e ingenio de los docentes y profesores en estos dos últimos años: es una situación que necesita ser evaluada y diagnosticada si queremos mejorar los procesos de aprendizaje y asimilación de los conocimientos recibidos. El significativo recorte presupuestario para acceder a la evaluación e información educativa es un signo más del desinterés por buscar soluciones a problemas reales para mejorar el sistema educativo, el que muestra en superficie signos preocupantes en las actuales generaciones de educandos. La realidad es que las pruebas sobre los aprendizajes nos posicionan ante una emergencia educativa que hay que asumir, sin declamaciones ni nostalgias de lo que fue en el pasado, sino con responsabilidad institucional, que nos encuentre unidos en un sentimiento común que nos permita superar la situación de emergencia que vive la educación argentina. Lo que toca a educación en la ley de presupuesto debiera estar al servicio de esta soberana causa.

La mayor alegría de la que puede gloriarse el Estado es asegurar los medios para educar al semejante, es decir, la mejor manera de fomentar el servicio al bien común, acrecentar la paz y la amistad social, afianzar un orden justo, cultivando los valores cívicos que arraiguen nuestra vocación democrática y republicana.

Invocando la protección de Dios, fuente de sabiduría y justicia, ponemos en él nuestra esperanza y auguramos el mejor destino para nuestra Nación.

1° de noviembre de 2022. Solemnidad de Todos los Santos.

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