Mujeres católicas de Neuquén se pronunciaron ante los femicidios en la provincia

Con el título "Una más y van", el grupo Mujeres Católicas de Neuquén se pronunció ante un nuevo femicidio en la provincia, el tercero en lo que va del año.

Ante el femicidio de Agostina, una joven de Cipolletti, el grupo Mujeres Católicas, de la diócesis de Neuquén, se pronunció mediante una carta titulada “Una más y van…”.

El mensaje advierte una vez más sobre la violencia de género y la violencia doméstica y llama a una reflexión profunda sobre el valor de la vida. “¿Qué estamos haciendo efectivamente ante esta realidad?”, se preguntan, al advertir que existe la Ley Provincial N°2786 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, a la que no se le da efectivo cumplimiento.

Además, animan a dejar el “como sí…” para hacer algo concreto respecto de los recursos necesarios que permitan consolidar un trabajo articulado, y cuestionan cuáles son los planes de acción concretos para proceder con respecto a los victimarios, en un sistema que monitorea a la víctima “mientras el victimario anda suelto”.

“Como mujeres católicas, como lo haría Jesús, no podemos callarnos ante esta situación y tenemos la obligación de ir a ver la realidad tal cual es y actuar sobre la misma antes de que sea tarde -como lo haría Jesús-, que nos enseñó esta mirada fraterna. Ante los casos de violencia, tenemos que acompañar a la víctima”, expresan, llamando a “ponerse al hombro” esta realidad.

Texto completo de la carta: "Una más y van"
Este año ya sumamos tres femicidios en la provincia del Neuquén y, el último, el de Agostina, de Cipolletti, también lo hacemos nuestro. Como el de cada una de las mujeres de nuestro país que han sido violentadas y asesinadas en territorios donde se han sancionado leyes y se supone que existen programas para erradicar esta pandemia, que pocos se atreven a llamarla de esta manera. 

Como mujeres católicas, conocemos la realidad de la violencia de género y la violencia doméstica desde el trabajo cotidiano en comunidades y barrios; también desde nuestro caminar como Iglesia diocesana, a través de las pastorales y muchas como trabajadoras en el campo de profesiones que nos vinculan a la violencia que se está padeciendo y va en aumento. Así, una vez más, nos llamamos a una reflexión profunda. 

Vemos que como la vida no cotiza en bolsa, ha perdido valor desde la concepción misma, pasando por todas las franjas etarias y en todo el mundo. Hay muertes corporales, muertes mentales, muertes espirituales. Las vivimos y sufrimos a través de la pandemia por el coronavirus, la droga, la inseguridad en las rutas, el suicidio, la trata de personas, el hambre.

Todas estas vidas “matadas” nos pueden interpelar de diferentes maneras, según se miren las realidades actuales de cada país, zona o región. Sin embargo, creemos que la creciente fenomenología del femicidio, debe interrogarnos de manera muy especial como personas y como sociedad. No podemos quedarnos mirando sin ver y viendo sin hacer. 

¿Qué estamos haciendo efectivamente ante esta realidad? Sabemos que es multicausal. Sabemos que es complejo. Sabemos que hay que plantear diversos abordajes desde diferentes ámbitos. Y también sabemos que aún hacemos muy poco. Casi nada.

Queremos recordar que este año se cumplen 10 años de la sanción de la Ley Provincial N°2786 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, que “tiene como objeto prevenir, sancionar y erradicar la  violencia contra las mujeres tanto en el ámbito público como privado de la Provincia, a excepción de la violencia doméstica la cual se rige por lo establecido en la Ley N°2212, que adopta la definición, los tipos y las modalidades de violencia en la Ley Nacional N°26.485”.

Esta ley dice textualmente que “el Estado provincial debe implementar el desarrollo de las  siguientes acciones prioritarias, promoviendo su articulación y coordinación con los distintos ministerios y secretarías del Poder Ejecutivo, municipios, universidades y organizaciones  de la sociedad civil con competencia en la materia: monitorear y coordinar ¿con el resto de los órganos públicos? las políticas públicas con perspectiva de género; impulsar políticas específicas que implementen la normativa vigente en materia de acoso sexual en la Administración Pública y garantizar la efectiva vigencia de los principios de no discriminación e igualdad de derechos, oportunidades y trato en el empleo público; llevar a cabo capacitaciones continuas e interdisciplinarias en toda la Provincia, con el recurso profesional existente en los tres Poderes del Estado en toda la Provincia; promover, a través de la Subsecretaría de gobiernos locales e Interior, acciones semejantes en los gobiernos municipales”.

Y desarrolla específicamente y cabalmente lo que deben hacer los diferentes organismos del Poder Ejecutivo como son: el Consejo Provincial de las Mujeres; la Subsecretaría de Justicia y Derechos Humanos; el Ministerio de Desarrollo Social; la Secretaría de Estado de Educación, Cultura y Deporte; el Consejo Provincial de Educación; el Ministerio de Salud; la Secretaría de Estado de Seguridad, la Secretaría de Estado de Trabajo, Capacitación y Empleo y la Subsecretaría de Información Pública. Quizá estos organismos hayan cambiado de nombre y quizá haya algunas diferencias en sus funciones en el último gobierno, pero siguen siendo los responsables de cumplir con esta ley. Y cada una y cada uno de nosotros, de hacerla cumplir. 

Es decir que tenemos una ley que evidentemente desconocemos, que no hacemos cumplir, que no controlamos. Esta ley nos permite tener un marco dentro del Estado que nos compete a todas las personas que habitamos este suelo. Sea para pedir por su cumplimiento, como para hacernos parte de todo aquello que esté en nuestras posibilidades individuales y colectivas. Aún a sabiendas de algunos valiosos intentos y trabajos que se realizan desde algunos organismos, creemos que no podemos seguir mirando para otro lado. 

No podemos dejar de preguntarnos qué hace falta para que dejemos el “como sí…” para hacer algo concreto respecto de los recursos necesarios que permitan consolidar un trabajo articulado. Siguen faltando refugios para las víctimas que denuncian, vehículos de traslado, mejores sueldos para los equipos interviniente, estabilidad laboral, porque se recambia a los profesionales o se van de los lugares de trabajo por las condiciones y esta rotación no es buena para los casos que están bajo su intervención, lo que genera un manoseo a las víctimas y las familias. Es decir, se cumple con la urgencia mostrando un despliegue en el primer momento, pero luego se enfría y no se siguen los casos debidamente o queda todo en la nada.

No podemos dejar de preguntarnos qué se hace con el victimario, cuáles son los planes de acción concretos, qué espacios para internación hay, cuáles son las medidas de privación de la libertad, cuáles son los planes terapéuticos específicos que cumplen para hacer su seguimiento. Porque ahora, la víctima es la que tiene monitoreo y seguimiento, tiene rondines y policía en casa y el victimario anda suelto. 

Como mujeres, no podemos dejar de decir que es justo y necesario que se nos informe cabalmente sobre la actuación fehaciente de la policía, de los jueces y de los demás organismos del Estado. 

Como mujeres católicas, como lo haría Jesús, no podemos callarnos ante esta situación y tenemos la obligación de ir a ver la realidad tal cual es y actuar sobre la misma antes de que sea tarde "como lo haría Jesús", que nos enseñó esta mirada fraterna. Ante los casos de violencia, tenemos que acompañar a la víctima.

Creemos que algunas realidades se ponen al hombro concretamente. Y no hay lágrimas de una sociedad que alcancen para pedir por la paz, cuando antes no se ha pedido por una verdadera justicia. 

#MujeresCatólicas

Natalia González. DNI: 28.485.087; María Luz Gamboa. DNI: 21.0962.35; Beatriz Ana Plaate. DNI: 6.180.120; Leticia Julia Longarini. DNI: 18.289.387; Lucrecia Casemajor. DNI: 11.364.577; Mónica Angélica Volpi. DNI: 13.970.969; Liliana Iriarte. DNI: 12.814.954; Raquel Felicitas Olay. DU: 1.961.630; Mabel María de Fátima Ferrer. DNI: 14.761.578; Alejandra Edith Irribarra. DNI: 16.836.423; Neri Noemí Centurión. DNI: 20.819.906; Sandra Anahí Monja. DNI:14.477.809; Susana Beatriz Gandini. DNI 4.969.351; Alicia Rosa Miranda. DNI: 13.436.513; María Elena García. DNI: 17.214.539; Gladys Mirta González. DNI:13.047.897; Ángela Sorasio. DNI: 14.752.128; María Alejandra Terzi. DNI: 25.254.155; Eva Graciela Benigar. DNI: 16.161.263; María de las Mercedes Bruna. DNI: 24.647.699;  Laura Roxana Balaguer. DNI: 17.625.152; Nora Leticia Sandoval. DNI: 17.914.701; Sandra Muñoz. DNI: 20.596.247; Cecilia Teresa Percara. DNI: 6.202.891; Silvana Lían Gamarra. DNI: 18.614.577; Roxana Fuentes. DNI: 12.818.134; Filomena Castillo. DNI: 10.721.344; Mónica Sandra Lagar. DNI:16.769.916; María Fátima Bouza. DNI: 14.554.500; Alejandra Marichelar. DNI: 18.449.371; Vitalina Leiva. DNI: 94.601.712; Adriana Anahí Leiva. DNI: 22.116.019; Silvia Marina Almirón. DNI: 18.518.033; Ana María Hecker. DNI: 4.589.688; Olga E. Landó. DNI: 10.437.463; Mariana Mercedes Camezzana. DNI: 20.330.690; Selva Lucía Sandoval. DNI:14.146.239; Natalia Rojo. DNI: 26.810.075; Carla Cecilia Lombardo. DNI: 16.566.982; Daniela Verónica Natali. DNI: 20.793.806; Juliana Fernández. DNI: 28.485.405; María Clara Chapman. DNI: 10.351.750; Agustina Abraham del Campo. DNI: 44.605.120; y María Betina Del Campo. DNI: 25.308.999.+