Vicaría de Educación: Aborto y libertad de enseñanza

El presbítero Juan Manuel Ribeiro, de la Vicaría de la Educación de Buenos Aires, advirtió que el proyecto de ley de aborto en debate también atenta contra la libertad de enseñanza.

El presbítero Juan Manuel Ribeiro, coordinador del Consejo de Escuelas de la Vicaría de la Educación de Buenos Aires, advirtió que el proyecto de ley de aborto que está en debate "no sólo desconoce la existencia de la vida humana desde su concepción sino que también atenta contra la libertad de enseñanza".

En una nota sobre el tema, el sacerdote señaló que el artículo 12 del proyecto de "Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo", afecta el artículo 5 de la Ley Nacional 26150 de Educación Sexual Integral, y fundamentó por qué la iniciativa violenta los idearios institucionales.

"La discusión por la interrupción voluntaria del embarazo como afirma el papa Francisco 'no es asunto esencialmente religioso' sino de ética humana. Por otra parte no podemos ser ingenuos e ignorar los grandes poderes mundiales que están detrás de las campañas eugenésicas", sostuvo.

Por último, el referente de la Vicaría de la Educación porteña recordó las palabras "valientes" del difunto expresidente uruguayo Tabaré Vázquez al vetar la ley de aborto en el país vecino: "La legislación no puede desconocer la realidad de la existencia de vida humana en su etapa de gestación, tal como de manera evidente lo revela la ciencia".

Texto de la nota
El actual proyecto de “ley de interrupción voluntaria del embarazo” no solo desconoce la existencia de la vida humana desde su concepción sino también atenta contra la libertad de enseñanza, ya que en su artículo el art. 12º que afecta el art. 5º de la ley nacional 26150 de Educación Sexual Integral. El mismo permite que “cada comunidad educativa incluya en el proceso de elaboración de su proyecto institucional, la adaptación de las propuestas a su realidad sociocultural, en el marco del respeto a su ideario institucional y a las convicciones de sus miembros”. 

El artículo 12 del proyecto afirma: “El contenido curricular sobre aborto debe ser enseñado como un derecho de las mujeres y personas gestantes, a través de contenidos científicos, laicos, confiables, actualizados y con perspectiva de género que puedan fortalecer su autonomía. Deben incluirse los contenidos respectivos en el currículo de todos los niveles educativos, independientemente de la modalidad, entorno o ámbito de las instituciones educativas, sean estas de gestión pública estatal, privada o social, lo que deberá hacerse efectivo en todo el territorio nacional a partir del ciclo lectivo inmediatamente posterior a la entrada en vigencia de la presente ley. (. . .) Deberán además capacitar en servicio sobre perspectiva de género y diversidad sexual a todos/as los/as docentes y a los/as profesionales y otros/as trabajadores/as de la salud a fin de brindar atención, contención y seguimiento adecuados a quienes deseen realizar una interrupción voluntaria del embarazo en los términos de la presente ley, así como a todos/as los/as funcionarios/as públicos/as que actúen en dichos procesos”.

El Consejo de Educación Católica de la provincia Córdoba recordó el pasado 27 de noviembre en una carta dirigida al Presidente Consudec que:  “si se aprobara el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo, supondría una derogación de facto, ya que existe un principio jurídico que establece que, ante dos normas específicas sobre una materia, tiene preeminencia la norma más reciente”. 

Por lo cual, el aborto tendría que ser enseñado en todos los niveles educativos como un derecho inalienable de las mujeres siendo un contenido curricular obligatorio y prescriptivo. Esto, entonces, vulneraria el derecho de los padres como primeros educadores de sus hijos, al imponerles una visión común a todos los alumnos del sistema educativo. Las familias tienen el primer derecho transmitir a sus hijos su cosmovisión acerca de la vida humana. 

De ninguna forma, el Estado puede imponer una concepción antropológica a todos los ciudadanos por igual porque esto lesionaría los derechos individuales de las familias y de las personas. 

En sus orígenes, la constitución del Sistema Educativo Nacional estuvo claramente asociado a la consolidación del Estado nacional y a la necesidad de crear ciudadanía que trajo  aparejado que la fortaleza del dispositivo escolar estatal neutralizará todo esfuerzo de conformación de circuitos alternativos. 

Por otra parte, las sociedades intermedias dedicadas a la educación, tienen la obligación de tutelar los derechos y obligaciones de los padres como primeros educadores de sus hijos. Es más, dentro de una sociedad como la actual que se precia de pluralista no se pueden poner cotos a la libertad de enseñanza ni de opciones educativas siempre y cuando se mantenga la adhesión al conjunto de normas y principios básicos que hacen a la unidad del sistema educativo y a la cohesión de una clara identidad nacional. Este pluralismo debe respetar la conciencia de cada ser humano no pretendiendo imponerle una cosmovisión del universo, la vida y del hombre que sacrifique la integridad de la educación o la inviolabilidad de su conciencia. 

Modificar por concomitancia el artículo 5 de la Ley 26150 dañaría otro de los principios que son pilares en el ejercicio de la democracia republicana como es el de la subsidiaridad entendida como “el espacio vital de las células menores y esenciales de la sociedad. Su iniciativa, libertad y responsabilidad, no deben ser suplantadas” (Compendio de la doctrina social de la Iglesia. Nro. 186). En las antípodas de este principio se encuentra el pensamiento de un estado centralista y de tendencia monopólica que busca imponer una mirada única a todos los individuos sobre algo tan rico y amplio como es la sexualidad humana. 

Por lo cual, el proyecto de aborto debilitaría también las libertades individuales, la objeción de conciencia de los docentes y la libertad de enseñar según su ideario de cada institución educativa. ¿Dónde quedarían entonces el rol de las sociedades intermedias y de las familias en la educación de sus hijos si se impone una concepción antropológica de manera hegemónica desde el estado?. Sucedería lo que otrora advirtiera Althusser, el Estado con su poder monopólico impondría una mirada hegemónica, a través de distintos aparatos del Estado, entre ellos, a mi entender uno de los más importantes que es la educación. De esta forma, se les inculcaría a las niñas y niños una ideología de los poderes dominantes en el marco geopolítico mundial. Hasta filósofos no creyentes como Michel Foucault fueron acérrimos defensores de las libertades individuales y de las imposiciones del Estado a la vida de los sujetos, por diversos medios, inclusive la educación. 

En fin, la discusión por la interrupción voluntaria del embarazo como afirma el Papa Francisco “no es asunto esencialmente religioso” sino de ética humana. Por otra parte no podemos ser ingenuos e ignorar los grandes poderes mundiales que están detrás de las campañas eugenésicas, algunas de las cuales advertía el monje trapense Bernardo Olivera hace unos meses con las siguientes palabras: “La OMS está sujeta a otras esferas de poder, entre los que la respaldan y colaboran con ella está la International Planned Parenthood Federation (IPPF, la institución anticonceptiva y abortiva más grande del mundo), el Population Council de la familia Rockefeller y más recientemente, el Partido Comunista de la República Popular de China” (Cfr. https://www.quenotelacuenten.org/2020/09/02/palabra-de-monje-nuevo-orden-mundial-y-pandemias-por-el-p-bernardo-olivera/#_ftnref1).

Por último, quisiera recordar las valientes palabras del recientemente difunto expresidente uruguayo Tabaré Vázquez al vetar la ley del aborto: “La legislación no puede desconocer la realidad de la existencia de vida humana en su etapa de gestación, tal como de manera evidente lo revela la ciencia”.

Más información en la página web de la Vicaría de Educación www.vicaria.edu.ar.+