Los participantes del IX Congreso Nacional de Familia y Vida, que se realizó este fin de semana en la diócesis de Santiago del Estero, difundieron una declaración en la que renuevan su compromiso a favor de la vida y la familia. Rechazan todo proyecto de ley de aborto, advierten sobre la pretendida imposición de la ideología de género y se solidarizan con el médico Leandro Rodríguez Lastra, condenado en Río Negro por optar por las dos vidas.
Los participantes del IX Congreso Nacional de Familia y Vida, que se realizó este fin de semana en la diócesis de Santiago del Estero, difundieron una declaración en la que renuevan su compromiso a favor de la vida y la familia.
Organizado por la Red Federal de Familias, los congresistas consideran necesario afirmar principios "no negociables" que prometieron defender y que son constitutivos del ideario y finalidad de esa organización, y los detallan:
a) el respeto y la protección de la vida humana en todas las etapas de su desarrollo, desde la concepción y hasta la muerte natural.
b) la estructura natural de la familia fundada en el matrimonio de un varón y una mujer, abierto a la transmisión de la vida.
c) el derecho y deber originarios de los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones morales y religiosas
d) la procura y promoción del Bien Común como deber de gobernantes y gobernados.
Asimismo, rechazan todo proyecto de ley de aborto, advierten sobre la pretendida imposición de la ideología de género en las escuelas y se solidarizan con el médico Leandro Rodríguez Lastra, condenado en Río Negro por optar por las dos vidas.
Texto de la declaración
Al cierre de su IX° Congreso anual consecutivo, celebrado en la ciudad de Santiago del Estero durante los días 15 y 16 de junio de 2019, la RED FEDERAL DE FAMILIAS reitera la renovación de su compromiso en pos del reconocimiento, difusión y promoción de la vigencia, en el orden social, de los siguientes principios no negociables, constitutivos del Ideario y la finalidad de la Red: a) el respeto y la protección de la vida humana en todas las etapas de su desarrollo, desde la concepción y hasta la muerte natural; b) la estructura natural de la familia fundada en el matrimonio de un varón y una mujer, abierto a la transmisión de la vida; c) el derecho y deber originarios de los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones morales y religiosas; y d) la procura y promoción del Bien Común como deber de gobernantes y gobernados.
Consideramos necesario reiterar la afirmación de esos principios porque:
como ya dijimos el año pasado, la situación relativa a su vigencia no sólo no ha mejorado, con respecto a la denunciada en declaraciones de congresos anteriores, sino que ha empeorado en todos sus aspectos;
el proceso de elección de autoridades en todo el territorio del país obliga a remarcar dichos principios para determinar cuál será el grado de apoyo -en relación con el compromiso de respetarlos- que se otorgará a los candidatos que aspiren a ocupar cargos públicos a nivel nacional, provincial y comunal.
Ante estas circunstancias, la Red Federal de Familias se ve en la obligación de destacar los siguientes acontecimientos, vinculados a la actividad que, en esa materia, se ha desarrollado en el curso del lapso temporal corrido entre julio de 2018 y el día de hoy.
1°) El rechazo total, por parte del Senado de la Nación, el 8 de agosto de 2018, al proyecto de despenalización, legalización e imposición del aborto, que contaba con media sanción de la Cámara de Diputados y fuera elevado a su consideración.
Como exigimos en la declaración de Jujuy del año pasado, la Cámara Alta eligió, sin subterfugios, componendas, o planes alternativos, la única posibilidad para quienes defienden la vida de todo ser humano inocente desde el instante de su concepción.
Reclamamos que se respete el resultado de esa decisión histórica y no se intente introducir, por otra vía, lo que tan claramente fue votado entonces.
Y recordamos que, frente a los problemas que admitimos pueden derivarse de situaciones de vulnerabilidad, la Red Federal de Familias, mediante su proyecto de ley de Protección Integral a los Derechos Humanos de la Mujer Embarazada y del Niño por Nacer, viene proponiendo, desde el año 2010, una alternativa realmente superadora que respeta, por igual, la dignidad del binomio madre e hijo. Reafirmamos que, si se pretende encarar una solución a tales problemas, su tratamiento es imperioso y así enfáticamente lo pedimos.
2°) Aquel rechazo y, sobre todo, las manifestaciones públicas que lo concitaron y precedieron, así como toda la posterior actividad de la llamada "ola celeste", consecuencia de la movilización a nivel nacional, son una muestra patente de la reserva moral de nuestra Patria y de la firme decisión de que se respete la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural, decisión que sería aún mayor si el pueblo argentino estuviera debidamente informado y fuera debidamente consultado y representado. Nos alegramos y adherimos a tales expresiones y movimientos, a la par que exhortamos a que, en la prosecución de acciones tendientes a influir políticamente en el manejo de la cosa pública, se dejen de lado cuestiones menores y rencillas personales y se tengan en cuenta los principios superiores que las alentaron y convocan y la procura del bien común de la Nación, que no sólo implica la solución a los problemas económicos que ciertamente la afectan sino, y principalmente, la recuperación de su dignidad y de la salud moral y espiritual de su pueblo y de sus instituciones.
3°) En este sentido, nos vemos obligados, nuevamente y con mayor énfasis, a destacar la particular gravedad del estado político y moral en que se encuentra la Nación, dolorosa realidad que es necesario revertir con urgencia.
4°) Sin que sea nuestra intención agotar el listado de los males que aquejan o acechan la salud de nuestra Patria, nos parece necesario destacar algunos, relacionados con los fines de esta Red Federal de Familias y cuya manifestación se ha publicado o actualizado en este tiempo.
a) La revitalización del proyecto de reforma del Código Penal de la Nación que implica la despenalización del aborto y la consagración de la ideología de género, entre otros temas de gravedad que exceden los términos de esta Declaración.
b) La imposición de la ideología de género en todos los ámbitos del quehacer ciudadano, como lo muestra, en el campo de la enseñanza escolar el dictamen que las comisiones de Educación y Familia firmaron el 4 de septiembre ppdo. Dictamen que modifica la Ley nacional 26.150 de "Educación Sexual Integral" (ESI) proponiendo que se la convierta en una "ley de orden público", obligatoria en todos los niveles y modalidades para colegios de gestión estatal o privada de cualquier jurisdicción. Ley que, según esa moción , deberá ser respetuosa de la diversidad sexual y de género, estar basada en conocimientos científicos y laicos, y ser congruente con los derechos reconocidos en las leyes vigentes entre las que se destacan, expresamente, la ley 26.618 de Matrimonio Igualitario y la ley 26.743 de Identidad de Género; y que, al mejor estilo totalitario, suprime la posibilidad de que cada comunidad educativa pueda dar cumplimento al Programa en el marco del respeto a su ideario institucional y a las convicciones de sus miembros.
c) La masificación y banalización del uso del misoprostol, mediante la autorización no sólo para su aplicación como abortivo en los hospitales sino, lo que es mucho más grave, para su venta en farmacias, lo que implica no sólo una variación en su accesibilidad, sino ante todo un profundo cambio cultural, pues da a entender que el aborto es algo que la mujer puede decidir, que corresponde a su esfera íntima y que no involucra a nadie más; y que hacerse un aborto es "sencillo, seguro, cotidiano e irrelevante"; así como facilita y promueve el "aborto en la casa", restándole trascendencia a algo tan grave como lo es el asesinato del niño por nacer.
d) La aprobación por unanimidad, en la Cámara de Senadores, de la "ley Micaela" que prevé la "capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres" en todos los niveles y poderes del Estado nacional, en concordancia con leyes ya sancionadas, vinculadas con la materia, tales como la ley para erradicar la violencia contra la mujer, la que incorporó en el Código Penal la figura del femicidio, la que privó de la responsabilidad parental a los femicidas, la "ley Brisa" para los hijos de víctimas de femicidio y la ley sobre abuso infantil, así como proyectos, en los que se trabaja, sobre el "acoso callejero" y la existencia del "Plan nacional contra la violencia de género".
e) La insólita causa penal instruida ante un tribunal de Río Negro contra el Dr. Leandro Rodríguez Lastra por no haber eliminado a un niño por nacer; y el arbitrario veredicto de culpabilidad dado a conocer el 21 de mayo de 2019, que sienta un gravísimo precedente pues no sólo afecta al encausado sino, en general, a la dignidad profesional y personal del hombre, al que pone en la situación de simple ejecutor de leyes inconstitucionales, al margen de lo que dictan los principios superiores del orden natural y la propia conciencia; y entraña una no disimulada amenaza para los profesionales del arte de curar que, fieles a su juramento hipocrático, se opongan o no cooperen ?directa o indirectamente? con una práctica homicida contraria a los principios fundantes de la Medicina.
Las aristas de ilegalidad e injusticia de ese veredicto son repudiables en su conjunto y su tratamiento excede también los límites de esta Declaración y ya han sido analizadas por esta Red Federal en su comunicado del 23 de mayo ppdo. en el cual se sostuvo, en contra de lo que dijo el juez de Río Negro en su dictamen, que no es posible poner en igual rango la vida humana y los mal llamados derechos sexuales y reproductivos, cualquiera sea el aspecto bajo el que éstos se consideren, y mucho menos hacer prevalecer éstos sobre aquélla, puesto que la vida humana es el supuesto de todo derecho subjetivo.
f) Las intervenciones médicas forzadas por decisión arbitraria de los tribunales, de las cuales una de las precursoras fue la cesárea que se ordenó llevar a cabo en la ciudad de San Salvador de Jujuy el 18 de enero de este año, a una niña de 12 años con un embarazo de seis meses, con el fin de interrumpirlo por ese medio, ante la imposibilidad de practicar un aborto debido al avanzado estado de la gestación. Tal procedimiento, violó el deber legal de asistencia y cuidado, en la máxima medida posible, de la vida tanto de la niña gestante, como de la niña en gestación, que falleció a las pocas horas.
Sin menospreciar, ni mucho menos, la ola de aire fresco y el renacimiento de la esperanza que supuso la enérgica y numerosa movilización en defensa de la vida y de los principios fundantes de nuestra Patria, así como el valor y trascendencia de las acciones empeñadas y en curso, creemos que la situación en que se encuentra hoy en día la Argentina es de suma gravedad y exige un máximo esfuerzo para revertirla.
Los puntos señalados precedentemente, son tan solo una muestra del estado de aturdimiento y desvarío intelectual y de la postración moral y espiritual de una porción importante de nuestros compatriotas y, principalmente, de su dirigencia, de los aspirantes a ocupar cargos públicos después de las elecciones a realizarse en los próximos meses y de la gran mayoría de los medios de comunicación masiva que contribuyen a aumentar la confusión y a deformar la inteligencia y la conciencia del ciudadano común.
Es urgente y necesaria una reacción proporcionada y condigna por nuestra parte, a la que debemos comprometernos nuevamente.
Invocamos el auxilio de Dios nuestro Señor para que nos dé la determinación y las fuerzas para obrar en consecuencia, a la par que pedimos ilumine a nuestros dirigentes y a todo el pueblo argentino, a fin de que la Argentina pueda ponerse de pie y cumplir el destino que su Divina Providencia le tiene asignado.
Santiago del Estero, 16 de junio de 2019.
Informes:
www.congresofamiliavida.com.ar.+